Gustavo Petro denunció que el narcotraficante uruguayo utiliza a Colombia como centro de operaciones para blanquear capitales, mediante una productora de eventos en Medellín y una red de iglesias evangélicas que también opera en Paraguay.
El Ejecutivo radicó un proyecto de ley que propone someter al pueblo la decisión de reformar la Carta-Magna de 1991 mediante una asamblea de 71 delegados y facultades especiales para el presidente durante seis meses.
El mandatario estadounidense afirmó que en Colombia fabrican cocaína, cultivan todo tipo de drogas, drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México.
La Fiscalía de Colombia informó que Carlos Eduardo Mora González aceptó su responsabilidad en el atentado contra el aspirante presidencial y senador opositor. El acusado transportó al menor que disparó y participó en la logística del ataque ocurrido en junio en Bogotá.
El presidente Gustavo Petro llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos, luego de que Donald Trump anunciara que retira la ayuda financiera a Colombia por "fomentar" la producción de drogas.
El presidente estadounidense calificó al presidente colombiano como narcotráficante y anunció la suspensión de "subsidios a gran escala" hacia Colombia. La disputa surge tras un reciente ataque de EE. UU. en aguas del Caribe, que desató un cruce de críticas e insultos entre ambos líderes.
El mandatario de Colombia alegó "exclusiones" en el cónclave, en alusión a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La Defensoría del Pueblo asegura que el riesgo de atentado "podría traducirse en la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y al ejercicio de derechos políticos".
El colombiano acusó a su homólogo estadounidense de "hacer lo mismo" que el dictador nazi a los latinoamericanos.
El presidente colombiano respondió a la interceptación de la Flotilla Global Sumud con alimentos y medicinas hacia Gaza, denunciando el Tratado de Libre Comercio y ordenando la salida de toda la delegación israelí del país. Expertos advierten que la denuncia del TLC surtirá efecto en seis meses.
Es acusado de enriquecimiento ilícito por casi 300.000 dólares y se investiga si consiguió esos fondos durante la campaña de su padre.
Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el presidente colombiano afirmó que "se ordenó matar" al fiscal en su propio país. Su señalamiento generó una ola de críticas, refuerzos de defensa estatal y reavivó polémicas sobre impunidad y vínculos del crimen organizado en el país.
En una primera etapa de negociación, ambas partes realizaron compromisos que apuntan a terminar con el cultivo de sustancias ilícitas.
Tras la descertificación del Washington, Bogotá dijo que buscará nuevos socios para adquirir armas.
La Cámara Alta considera que ese "grupo criminal es una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano".
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