En su intervención ante la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente colombiano Gustavo Petro incluyó un potente señalamiento contra el Estado paraguayo: aseguró que en Paraguay se habría ordenado el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci y denunció que el gobierno de Santiago Peña no le brindó apoyo para identificar a los autores.
"He buscado saber por qué asesinaron al fiscal paraguayo Pecci. Pero me ha sorprendido que no logré apoyo del gobierno paraguayo para ubicar a los asesinos", expresó Petro.
Agregó que desconoce si los responsables del crimen de Pecci son los mismos que atentaron contra el líder opositor colombiano Miguel Uribe Turbay, cuyo asesinato también mencionó Peña en su discurso.
Petro ya había lanzado acusaciones previas que generaron polémica: en noviembre de 2024 sostuvo que sectores de la Fiscalía podrían haber pactado con el narcotráfico para asegurar impunidad en el caso Pecci.
También vinculó nuevamente el nombre del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset al homicidio del fiscal y criticó presuntas omisiones dentro del proceso penal.
Marcelo Pecci, fiscal paraguayo especializado en crimen organizado, fue asesinado el 10 de mayo de 2022 mientras estaba de luna de miel en la isla Barú (Colombia). Las investigaciones colombianas condenaron a varios implicados como autores materiales, pero aún no se ha identificado públicamente a todos los autores intelectuales ni quién dio la orden.
Una hipótesis investigativa apunta a que el asesinato fue resultado de un plan entre organizaciones criminales transnacionales, con coordinación incluso en Paraguay como plataforma logística o política.
El llamado "Caso Marset" surge como uno de los grandes escollos políticos vinculados: Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo con operativos en Paraguay, ha sido señalado por autoridades paraguayas como posible autor intelectual del crimen.
En Paraguay han ocurrido además situaciones controvertidas: por ejemplo, se investigaron posibles irregularidades en Interpol Paraguay por "levantamiento de código rojo" para la esposa del narco Marset, lo que alimenta las suspicacias sobre colaboración, encubrimiento o negligencia institucional