Tras la condena, en la que se ordenó el pago del equivalente a unos 500 millones de dólares, un tribunal federal decidió avanzar con el decomiso de más de un centenar de bienes.
La iniciativa legislativa reduciría drásticamente las herramientas del Estado para asestar golpes económicos al crimen organizado. Expertos alertan que la propuesta podría beneficiar a estructuras mafiosas y debilitar la cooperación internacional contra el lavado de activos.
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados llevó a cabo una audiencia pública con el fin de analizar un proyecto de ley que apunta a regular el comiso de bienes conforme al artículo 20 de la Constitución Nacional, el cual prohíbe expresamente la confiscación y el destierro.
