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La propuesta, impulsada por el diputado Yamil Esgaib (ANR-Capital), busca establecer un marco legal que impida el uso abusivo del comiso como herramienta para despojar bienes sin una sentencia judicial firme, resguardando así el derecho de propiedad y el respeto al debido proceso.
El debate contó con la participación de representantes del Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la Contraloría y expertos en derecho. También asistieron legisladores de distintos partidos como Arturo Urbieta, Derlis Rodríguez, Dalia Estigarribia y Diosnel Aguilera. Durante el encuentro, se insistió en que el proyecto no elimina la figura del comiso, sino que busca evitar su uso como mecanismo encubierto de confiscación, asegurando que cualquier medida de este tipo solo pueda aplicarse si existe una sentencia definitiva que demuestre la relación directa entre los bienes y un hecho punible.
El abogado Óscar Tuma, quien promovió la iniciativa, señaló que bajo el esquema actual se están cometiendo abusos al afectar patrimonios de personas no involucradas con delitos. Según Tuma, la normativa propuesta refuerza la lucha contra el crimen organizado al establecer límites claros y garantías constitucionales. En una línea similar, la abogada Raquel Talavera denunció que las leyes vigentes desde 2019 son violatorias de la Constitución al permitir el comiso indiscriminado, incluso sobre bienes heredados o donados. Por su parte, Bonifacio Ríos subrayó que solo deben ser objeto de comiso los activos que provengan directamente del delito.
No obstante, el Ministerio Público expresó sus reparos a través del fiscal Rubén Darío Riquelme, quien advirtió que exigir siempre una condena firme podría dificultar la recuperación de activos obtenidos de manera ilícita, sobre todo en casos donde los acusados eluden la justicia. También alertó que la propuesta podría entorpecer el desmantelamiento financiero de organizaciones criminales.
El texto legislativo prevé que el comiso sea una medida excepcional, sujeta al respeto de garantías fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la irretroactividad de la ley penal. Solo podrá aplicarse a bienes específicos y con una conexión probada con el delito, establecida en una sentencia firme. Incluso en casos donde no se dicte condena, como por fallecimiento del procesado, la norma contempla condiciones estrictas para permitir el comiso, siempre resguardando los derechos de herederos y terceros de buena fe.
