La Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación planteada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, contra integrantes del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, en el marco de una de las causas que enfrenta por supuestas irregularidades durante la pandemia relacionadas con la adquisición de alimentos por más de G. 300 millones.
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, lanzó duras acusaciones contra el vicepresidente Pedro Alliana y el clan político de los Zacarías, a quienes responsabilizó directamente de estar detrás de los procesos judiciales que enfrenta.
El exintendente de Ciudad del Este y precandidato presidencial Miguel Prieto salió al cruce de las críticas tras la ruptura política entre el movimiento Yo Creo y sectores del Partido Liberal Radical Auténtico en la capital del Alto Paraná, y buscó bajar el tono al conflicto al calificarlo como una disputa estrictamente local que, según su visión, fue sobredimensionada por la dirigencia partidaria a nivel nacional.
El juez Humberto Otazú inició este martes la audiencia preliminar para Miguel Prieto y una decena de acusados por el presunto esquema de corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia.
El juez Humberto Otazú seguirá al frente de la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El caso se centra en supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia.
La defensa de una procesada planteó la salida del juez Humberto Otazú, lo que volvió a suspender la audiencia que debía definir si el caso pasa a juicio oral por presunta corrupción en pandemia.
El exintendente declaró un incremento de G. 600 millones en su patrimonio tras su salida del cargo. La revisión forma parte de los procesos abiertos por la CGR en municipios intervenidos.
La nucleación interna cuestiona la decisión del presidente del Directorio, Hugo Fleitas, y advierte sobre riesgos para la unidad y la institucionalidad partidaria.
