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La decisión fue adoptada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez y Eugenio Jiménez Rolón, quienes concluyeron que la defensa del dirigente de Yo Creo no logró demostrar elementos suficientes que justifiquen apartar a los camaristas cuestionados.
La recusación había sido promovida contra los jueces Gustavo Amarilla, Claudia Criscioni y Silvana Luraghi. Los abogados de Prieto sostuvieron que el tribunal emitió resoluciones contradictorias en expedientes que, según su postura, tenían características similares, sin argumentar adecuadamente el cambio de criterio.
Sin embargo, los magistrados señalados respondieron que ambas causas no guardan semejanza sustancial, especialmente por la diferencia en los montos económicos presuntamente desviados y por las particularidades de cada proceso investigado.
La Sala Penal de la máxima instancia judicial remarcó además que la figura de la recusación no puede ser utilizada como una herramienta para intentar escoger jueces o apartar magistrados únicamente por disconformidad con sus decisiones. En ese sentido, recordó que solo corresponde aceptar este tipo de pedidos cuando existen causales previstas expresamente en la ley que puedan comprometer la imparcialidad del juzgador.
El expediente se encuentra actualmente en etapa de audiencia preliminar y gira en torno a un supuesto esquema de compra simulada de alimentos durante la emergencia sanitaria. El Ministerio Público sostiene que se habría producido un perjuicio patrimonial de alrededor de G. 306 millones.
Además de Prieto, el proceso incluye a otras diez personas vinculadas a la administración municipal esteña y a empresas proveedoras. Entre los acusados figura Francisco Arrúa Álvarez, quien se desempeñaba como director de Administración y Finanzas de la Municipalidad.
La Fiscalía atribuye a Prieto y Arrúa los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio en calidad de autores.
También forman parte de la causa Buena Ventura Morínigo, representante de Tajy Servicios Generales; Emili Vanessa Florentín Páez y Robert Osmar Florentín Silvero, vinculados a la firma Vaneni SA, mencionada como subcontratada para la provisión de alimentos.
La nómina de procesados incluye además a Maggi Farinha Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Yamal Samhat González, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez y Nelson Segovia Acevedo, quienes ocupaban distintos cargos dentro de la estructura municipal durante la gestión de Prieto.
Según la acusación, varios de ellos habrían colaborado en la ejecución del esquema investigado como presuntos cómplices, mientras que otros son señalados también por asociación criminal.
