La Comisión de Legislación y Codificación de la Cámara de Diputados dio luz verde a un proyecto que apunta a enfrentar el creciente problema de vehículos abandonados en calles y espacios públicos, habilitando a las municipalidades a impulsar acciones legales para su retiro y disposición final.
En sesión extraordinaria de este martes, la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de los presentes, el proyecto de ley "Del obstetra en la República del Paraguay", una propuesta legislativa que busca actualizar y modernizar el marco normativo que regula el ejercicio profesional del obstetra, reemplazando la Ley Nº 5423/15, vigente desde hace una década.
El legislador Raúl Benítez cuestionó duramente la falta de voluntad política para avanzar en una iniciativa que, según afirmó, pretendía dar una señal clara a la ciudadanía en medio del discurso oficial de "economía de guerra".
En medio de la discusión sobre ajustes al gasto público, el diputado Rubén Rubín lanzó una postura mucho más drástica que la planteada en el proyecto en debate y pidió avanzar hacia recortes estructurales que incluyan incluso el cierre de ministerios y la venta de empresas estatales.
La sesión de la Cámara de Diputados quedó sin quorum en el momento clave en que debía tratarse el proyecto de ley orientado a recortar beneficios y gastos considerados no esenciales dentro del sector público, lo que impidió su avance.
En la sesión ordinaria de este martes, legisladores de distintos sectores aceptaron constituirse en comisión e iniciaron el debate de un proyecto que plantea topes salariales y eliminación de beneficios en el Estado. Sin embargo, la iniciativa no pudo ser analizada en su totalidad debido a la ausencia de legisladores, que terminaron abandonando la sala.
La iniciativa busca imponer topes salariales con el lema "nadie gana más que el presidente de la República", eliminar beneficios innecesarios como seguros privados, combustible, catering y publicidad política, y generar un ahorro estimado de US$ 8 millones mensuales, en medio de reclamos ciudadanos por mayor austeridad y control del gasto público.
Se trata de los legisladores Marcelo Salinas, Hugo Meza, Pedro Gómez Silva y Guillermo Rodríguez. Todos ellos viajaron en febrero a Estados Unidos para participar de una audiencia parlamentaria de la Naciones Unidas, en medio de cuestionamientos por el gasto público y el discurso de austeridad.
La Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, presidida por el diputado Benjamín Cantero (ANR-Canindeyú), resolvió invitar a las autoridades de la Patrulla Caminera y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para profundizar el análisis de diversos proyectos de ley. Sería en 15 días.
Los presentaron un pedido con 16 preguntas contra Juan Carlos Baruja. Denuncian supuestas adjudicaciones irregulares y no descartan una acción penal contra "una inmobiliaria cartista".
La Cámara de Diputados reconoció el espectáculo realizado en diciembre de 2025, las partituras creadas para la ocasión y promueve la difusión de este repertorio en espacios culturales del país.
La Cámara de Diputados aprobó y remitió al Senado un proyecto de ley que busca establecer reglas para el uso de teléfonos celulares en instituciones educativas de gestión pública, privada y subvencionada, aunque finalmente dejó de lado la idea inicial de una prohibición estricta y optó por un esquema más flexible, con varias excepciones vinculadas a seguridad, emergencia y actividades pedagógicas.
La Cámara de Diputados resolvió cerrar filas y rechazar el pedido de interpelación al presidente del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, y al gerente de salud, Derlis León, pese a un escenario marcado por cuestionamientos sobre la gestión del sistema, denuncias de irregularidades en contrataciones y una creciente preocupación por la atención a los asegurados.
Tras semanas de presión social, paros y retrocesos políticos, el Congreso aprobó una reforma recortada que alivia el déficit inmediato, pero deja intacto el problema estructural de un sistema previsional cada vez más insostenible y dependiente del Tesoro.
La Cámara de Diputados dio luz verde a una resolución que plantea dejar sin efecto la entrega de viviendas correspondientes a un proyecto habitacional de carácter social, en medio de cuestionamientos por supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación.
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