La ministra Mónica Recalde adelantó que la propuesta final no estaría alineada ni con el pedido del 20% de los trabajadores ni con la postura empresarial basada en la inflación.
Las centrales sindicales rompieron negociaciones con el sector empresarial y exigieron un aumento de hasta G. 647.000 al denunciar que el salario actual ya no alcanza para cubrir el costo real de vida. La falta de acuerdo trasladó toda la presión política al Gobierno de Santiago Peña.
En el Día del Trabajador, centrales obreras pusieron sobre la mesa una agenda marcada por la pérdida del poder adquisitivo, el deterioro del IPS y un sistema de transporte colapsado, en medio del debate por el salario mínimo y el encarecimiento sostenido del costo de vida.
El liberal Salyn Buzarquis cuestionó duramente al Ejecutivo al señalar que el incremento de G. 61.000 no alcanza siquiera para cubrir un kilo de carne al mes, apuntando directamente contra la gestión de Santiago Peña.
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