Víctimas de la mafia de los pagarés sostienen que la nueva ley no exime a la Corte y mantienen pedido de juicio político
Pese a la entrada en vigencia de la norma, los afectados aseguran que la medida no borra la presunta complicidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y ratifican su intención de avanzar con un pedido de juicio político.
El vocero del grupo de damnificados, Pedro Coronel, señaló que la nueva legislación representa un avance parcial, pero advirtió que no responde a la falta de acción —o a la eventual connivencia— que atribuyen al máximo órgano judicial. En ese sentido, remarcó que la sanción de la ley no modifica la postura de las víctimas, que siguen exigiendo que se investigue el rol de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
La norma fue promulgada por el presidente Santiago Peña a finales de diciembre y establece mecanismos para sanear procesos judiciales de cobro de guaraníes, acciones preparatorias y juicios ejecutivos que presentan graves irregularidades. El objetivo central es detener los descuentos compulsivos ordenados por juzgados, en muchos casos basados en expedientes con vicios o incluso inexistentes.
Según estimaciones de los propios afectados, el esquema habría perjudicado a unas 17.000 personas, muchas de las cuales continuaron sufriendo embargos y descuentos salariales pese a haber cancelado sus deudas. En algunos casos extremos, las víctimas aseguran haber pagado varias veces el mismo compromiso sin que la Justicia interviniera para frenar los abusos.
Coronel sostuvo que la organización de las víctimas continuará fortaleciendo su estructura y promoviendo nuevas iniciativas legales que garanticen una protección efectiva frente a estos mecanismos de cobro. Afirmó que la movilización social seguirá siendo clave para presionar al Congreso y evitar que el caso quede reducido únicamente a una corrección administrativa de los procesos judiciales.
Desde el sector de los afectados insisten en que la responsabilidad no se limita a estudios jurídicos, casas de crédito o empresas de cobranza, sino que alcanza a funcionarios judiciales y a la cúpula del sistema, por lo que consideran indispensable que el Congreso analice el desempeño de los ministros de la Corte.
La ley recientemente promulgada faculta a los jueces a declarar la nulidad de juicios cuando se comprueben irregularidades graves, en especial aquellas que vulneren el debido proceso o cuando los expedientes no se encuentren físicamente en las secretarías correspondientes. Además, ordena el levantamiento de embargos y medidas cautelares, así como la devolución del dinero cobrado de manera indebida.
Pese a estas disposiciones, las víctimas advierten que el camino hacia la reparación plena sigue siendo incierto y que, sin una depuración institucional, el esquema podría reproducirse. En ese contexto, reiteran que la nueva ley es apenas un primer paso y no una absolución política ni judicial para quienes, a su criterio, permitieron que la mafia de los pagarés operara durante años con total impunidad.