Viceministro Maciel: "Un juez puede enviar a un procesado a una cárcel militar si se respetan sus derechos"

El viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel Guerreño, no cuestiona la legalidad de enviar a un procesado por crimen organizado a una cárcel militar, siempre que se respeten sus derechos, aunque aclara que el Ministerio de Justicia no tiene competencia en esos casos. En la práctica, la decisión recae en el juez que ordena la medida y en las Fuerzas Armadas, que pueden aceptar o no al recluso.

"En relación al Código de Ejecución Penal, el mismo sólo otorga competencia al Ministerio de Justicia (órgano administrativo de ejecución penal) a los establecimientos penitenciarios civiles, no militares ni policiales", explicó Maciel en entrevista con el diario El Nacional.

Las declaraciones se dan en torno al caso de Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", procesado por delitos relacionados con crimen organizado, y que fue enviado primeramente a la cárcel militar de Viñas Cue. Su traslado generó consultas sobre la legalidad de alojar a un procesado en un penal militar, dado que el Ministerio de Justicia solo administra los establecimientos penitenciarios civiles.

Sin embargo, enfatizó que los derechos, garantías y obligaciones de las personas privadas de libertad se aplican por igual, sin importar el lugar de reclusión. En ese sentido, sostuvo que la decisión de trasladar a un procesado a una cárcel militar es legal, aunque la responsabilidad recae en el juez o tribunal que la ordena.

 "Un Juez o Tribunal que decida que una persona cumpla una medida de prisión preventiva o de pena privativa de libertad en un reclusorio policial o militar sería legal, siempre y cuando se respete los derechos establecidos en el Código de Ejecución Penal", señaló.

Maciel Guerreño precisó además que el Ministerio de Justicia no interviene en estos casos, ya que la administración de las cárceles militares o policiales corresponde exclusivamente a las instituciones respectivas. "Eventualmente, los únicos que podrían negarse a admitir a una persona privada de libertad en un reclusorio militar o policial son las autoridades de esas instituciones", concluyó.