Vacío institucional debilita control sobre acceso a información pública
La exministra de Justicia alertó sobre la falta de claridad institucional para aplicar sanciones a organismos públicos que incumplen las leyes de transparencia y acceso a la información pública, en medio de la polémica por la negativa de Yacyretá a divulgar datos sobre salarios y contrataciones.
La discusión sobre el acceso a la información pública volvió a instalarse con fuerza luego de las controversias surgidas en torno a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que quedó bajo cuestionamientos por la falta de publicación de datos relacionados a salarios y otros documentos requeridos por ciudadanos y medios de comunicación.
En ese contexto, la exministra de Justicia Cecilia Pérez sostuvo que actualmente existe un escenario de incertidumbre institucional respecto a quién debe controlar y eventualmente sancionar a las instituciones públicas que incumplen las normas de transparencia.
Según explicó a El Nacional, un grupo de abogados y activistas presentó una consulta formal ante la Contraloría General de la República para determinar si dicho organismo tiene facultades para intervenir en casos de incumplimiento de las leyes vinculadas al acceso a la información pública.
Vacío institucional y dudas sobre sanciones
Pérez señaló que uno de los principales problemas es que la normativa vigente no deja completamente definido cuál es el órgano responsable de aplicar las sanciones administrativas previstas en los casos de incumplimiento.
Indicó que anteriormente esa función correspondía a la Secretaría de la Función Pública, estructura que actualmente quedó absorbida dentro del nuevo esquema institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente en el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional.
Sin embargo, sostuvo que tras la entrada en vigencia de la Ley 7.389/24 comenzaron a surgir interpretaciones distintas sobre si la Contraloría puede o no asumir competencias para fiscalizar y eventualmente sancionar este tipo de faltas.
La exministra remarcó que el planteamiento presentado busca precisamente obtener una definición oficial que permita aclarar el alcance de las atribuciones de cada organismo del Estado en materia de transparencia.
Polémica por información en Yacyretá
Las declaraciones de Cecilia Pérez se producen en medio de fuertes cuestionamientos hacia la EBY por la resistencia a entregar información pública relacionada con salarios, contrataciones y estructura administrativa.
La situación generó críticas de diversos sectores que consideran que el acceso a la información pública no puede quedar sujeto a interpretaciones discrecionales de las instituciones estatales.
Pérez enfatizó que la transparencia no debe depender de la voluntad política de turno y que las leyes vigentes establecen obligaciones concretas para todos los organismos públicos.
También advirtió que, mientras no exista claridad sobre quién debe hacer cumplir las sanciones previstas en la legislación, persistirá una sensación de impunidad institucional frente a los incumplimientos.
Debate sobre transparencia vuelve al centro de la discusión
El caso volvió a poner en debate la efectividad real de las herramientas de acceso a la información pública en Paraguay, especialmente cuando las instituciones cuestionadas son organismos con gran poder político y presupuestario.
La exministra sostuvo que el objetivo del planteamiento realizado ante la Contraloría es precisamente evitar que exista un vacío de control que termine debilitando el alcance de las leyes de transparencia.
Las declaraciones se dan además en un contexto donde distintos sectores vienen reclamando mayores niveles de apertura estatal y acceso a datos públicos relacionados con uso de recursos, salarios, contrataciones y manejo administrativo dentro de instituciones estatales y binacionales.