PolíticaTras movilización "Gen Z"
La convocatoria que surgió desde redes sociales, reunió a cientos de jóvenes alrededor del Panteón de los Héroes y las calles cercanas del microcentro. Durante horas, la protesta se desarrolló sin incidentes, con carteles, consignas y presencia ciudadana diversa. Pero, al caer la noche, el escenario cambió bruscamente: el despliegue de fuerzas policiales fue descrito por manifestantes como "un operativo de guerra".
Participaron agentes del Grupo Lince en motocicletas, la Montada, antimotines y personal de la Policía Urbana. Fuentes institucionales admitieron posteriormente el envío de al menos cuatro divisiones operativas. La orden era despejar el microcentro. Fue entonces cuando —según relataron jóvenes presentes— un hombre ajeno a los grupos convocantes comenzó a provocar incidentes, patear objetos y enfrentarse a los uniformados. Varias personas apuntaron que se trataba de un infiltrado e intentaron aislarlo, pero esa secuencia coincidió con el inicio del avance policial.
Lo que siguió fue una dispersión violenta. Los testimonios hablan de persecuciones en calles laterales, atropellos con motocicletas, golpes y aprehensiones fuera del radio de la marcha. Algunos jóvenes fueron detenidos mientras caminaban hacia paradas de ómnibus o se refugiaban en comercios. No se confeccionaron actas de detención en el lugar.
La Policía reportó 31 arrestos, 29 hombres y 2 mujeres. La mayoría fue trasladada directamente a la sede de la Agrupación Especializada, una unidad penitenciaria con perfil militar poco habitual para este tipo de causas. Una mujer fue derivada a la Policía Urbana y Turística. Las autoridades también afirmaron que ocho agentes resultaron heridos y que entre los detenidos había personas con órdenes de captura, aunque ninguna imputación fue visible durante casi 24 horas.
Desde la madrugada y a lo largo del lunes 29, abogados de derechos humanos denunciaron irregularidades graves: jóvenes sin comunicación con sus familias, golpes visibles, ausencia de actas y causas judiciales fantasma. El abogado Jorge Rolón Luna señaló que varios detenidos no sabían de qué se los acusaba, y que algunos tenían escoriaciones en el cuello, muñecas y extremidades, producto de maniobras de reducción. La Policía, en cambio, sostuvo que solo actuó para restablecer el orden tras "hechos vandálicos".
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) realizó inspecciones en centros de reclusión y hospitales. El organismo reportó trabas para garantizar atención médica, falta de órdenes fiscales y detenciones masivas después del despeje de la zona de protesta. Anunció la apertura de una causa para investigar el uso abusivo de la fuerza. Recordó que el derecho a la manifestación está protegido por la Constitución y por tratados internacionales, y que el traslado a la Agrupación Especializada constituye una señal de trato intimidante.
Mientras tanto, colectivos juveniles realizaron una vigilia frente a instalaciones policiales y exigieron la liberación de los 31 detenidos. Al cierre de la tarde del lunes comenzaron a darse las primeras excarcelaciones: seis jóvenes recuperaron la libertad y se esperaba la salida del resto. Muchos presentaban lesiones compatibles con golpes, esposamiento y reducción violenta. Médicos del gremio profesional confirmaron escoriaciones y contusiones.
La narrativa oficial insistió en minimizar los hechos y criminalizar la protesta. Sin embargo, las denuncias sobre la presencia de un infiltrado como detonante del operativo, sumadas al despliegue desproporcionado y las detenciones arbitrarias, instalaron un alerta político: el gobierno vuelve a mostrar el rostro represivo frente a una generación que irrumpe como actor público y que, lejos de retroceder, denuncia, documenta y vuelve a las calles.
Lo que empezó como un espacio de expresión pacífica, terminó con patrullas, cascos, gases y golpes. El mensaje fue claro: el Estado respondió a una protesta juvenil con lógica de enemigo interno. Y esa noche, para muchos, no se reprimió una marcha: se intentó sofocar el futuro.
