La medida, que se dio tras la recomendación del Senado, instaló un debate sobre la independencia del TSJE y la posibilidad de que el oficialismo haya operado para direccionar el negocio.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral emitió la Resolución 759/2025 para cancelar la licitación de 28.000 máquinas de votación y habilitar un llamado para arrendarlas. Según el TSJE, la decisión buscó proteger la credibilidad y la transparencia del proceso. Sin embargo, la medida se tomó apenas dos días después de que el Senado, con mayoría oficialista, recomendara suspender la compra y optar por el alquiler, lo que generó fuertes críticas sobre la independencia del organismo.
Los argumentos y las dudas
El proceso había arrancado en mayo con tres oferentes: Consorcio Paraguay Democrático, Comitia-MSA y Miru Systems. A finales de julio, el TSJE descartó a dos de ellos por incumplimientos técnicos, quedando solo un consorcio en carrera. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas luego emitió un dictamen para revaluar la oferta de Miru Systems, una empresa que fue señalada por la oposición como vinculada a grupos empresariales relacionados con el presidente Santiago Peña. Aunque no existen pruebas judiciales que confirmen esas denuncias, el señalamiento contribuyó a instalar la sospecha de direccionamiento político.
Polémica en el Congreso
Para el senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista, la decisión es un hecho sin precedentes que expone la injerencia del poder político en las decisiones de la Justicia Electoral. Calificó la intervención del Senado de "totalmente irregular" y advirtió que sería escandaloso que una empresa vinculada al presidente termine beneficiándose del arrendamiento. Por su parte, referentes oficialistas defendieron la recomendación alegando que el alquiler podría resultar más barato y más transparente, además de exigir acceso al código fuente de los equipos. Incluso dentro del propio Partido Colorado hubo voces críticas que hablaron de presión y de una intromisión indebida.
El factor económico y el reloj electoral
La licitación anulada tenía un presupuesto estimado de 92 a 93 millones de dólares. Los defensores del alquiler sostienen que podría reducir ese costo, aunque las cifras concretas del nuevo pliego aún no se conocen. El problema es el tiempo: las internas están previstas para junio y las municipales para octubre de 2026, por lo que el TSJE tendrá que acelerar los procesos para garantizar la provisión de máquinas sin alterar el calendario electoral.
Interrogantes
La suspensión de la compra y el giro hacia el alquiler deja abierta una serie de interrogantes. ¿El TSJE actuó por convicción técnica o cedió ante la presión del oficialismo? ¿Qué garantías de transparencia ofrecerá el nuevo proceso? Y sobre todo: ¿se salvaguardará la confianza ciudadana en el sistema de votación electrónica? La polémica apenas comienza, y el desenlace dependerá de un pliego que deberá demostrar independencia real y blindaje frente a intereses políticos.
