PolíticaComunicado
La institución defendió además el proceso de adjudicación para el alquiler de los equipos y respondió a los cuestionamientos sobre la seguridad del chip incorporado en los boletines electrónicos.
Tras la reciente adjudicación del contrato para el arrendamiento de unas 18.000 máquinas de votación al consorcio Comitia-MSA por un monto aproximado de 35 millones de dólares, desde la justicia electoral señalaron que no existe margen legal para cambiar el mecanismo de votación. El director de Procesos Electorales, Carlos María Lubetich, sostuvo que el uso de las máquinas está respaldado por la ley y que no fue modificada ninguna disposición que habilite un sistema alternativo para los próximos comicios.
Lubetich explicó que las máquinas que serán utilizadas corresponden al mismo modelo de elecciones anteriores, aunque con mejoras en los sistemas de control y verificación. Rechazó que se hayan debilitado los mecanismos de seguridad y afirmó que, por el contrario, se incorporaron nuevos filtros técnicos al proceso. También indicó que el mercado internacional de alquiler de este tipo de equipos es limitado y que no existen muchas empresas con la capacidad logística de proveer miles de máquinas operativas de forma simultánea.
En relación con la licitación, el director de Financiamiento Político, Cristian Ruíz Díaz, aseguró que durante la etapa de compra se presentaron varias empresas interesadas, pero que en el proceso final de alquiler solo quedó una oferente. Señaló que el TSJE exigió certificaciones técnicas específicas y que se ampliaron las condiciones para permitir la participación de más firmas, sin que esto haya significado una reducción de los estándares de seguridad.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la presunta vulnerabilidad del chip incorporado en los boletines electrónicos. Sobre este aspecto, la vicedirectora de Informática de la justicia electoral, Dominick Ramírez, explicó que el chip solo opera bajo dos estados predeterminados: lectura y escritura. Detalló que cuando el boletín está en blanco, el chip queda a la espera de recibir información, y que al momento de emitir el voto, el sistema realiza un proceso automático de verificación.
Según explicó, si el boletín presenta datos residuales o intenta reutilizarse, la propia máquina borra toda la información y declara inválido el voto, solicitando al elector que utilice un nuevo boletín. En el caso de un voto válido, la información se graba de forma encriptada y queda asociada a las credenciales del sistema, impidiendo que sea leída o modificada por dispositivos externos.
Ramírez aseguró que cualquier intento de introducir boletines cargados de manera irregular será automáticamente rechazado durante el escrutinio. "La máquina solo reconoce y contabiliza los datos que ella misma generó. Cualquier información ajena es descartada por el sistema", afirmó. Recalcó además que, una vez registrado correctamente el voto, no existe posibilidad técnica de alterar los datos contenidos en el chip.
Desde el TSJE indicaron que todos estos procedimientos serán nuevamente verificados durante las auditorías técnicas que se realizarán con participación de los representantes de los partidos políticos. Según adelantaron, los equipos técnicos de las agrupaciones políticas tendrán acceso a las pruebas para garantizar la transparencia del proceso.
La justicia electoral insistió en que el control multipartidario será una de las principales garantías del sistema y remarcó que el acompañamiento de los apoderados y técnicos de los partidos será clave durante las etapas de prueba, votación y escrutinio. Con estas garantías, el TSJE busca despejar las dudas en torno al uso de las máquinas y reafirmar que el proceso electoral del 2026 se desarrollará bajo estándares de seguridad y control.
