TSJE rechaza recomendaciones de la UE para luchar contra el "dinero sucio" en la política
Desde el organismo electoral remarcaron que Paraguay ejerce plenamente su autodeterminación y que, si bien se tomarán en cuenta las observaciones realizadas por la delegación europea, no existe obligación alguna de implementarlas. En ese contexto, el director de Procesos Electorales, Carlos María Ljubetic, explicó que cada recomendación será evaluada en función de su viabilidad y del marco legal vigente, aclarando que muchas de ellas incluso exceden las competencias del TSJE.
Uno de los puntos más sensibles del informe tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas, donde la misión internacional advirtió sobre riesgos vinculados al ingreso de recursos ilícitos. No obstante, desde la Justicia Electoral insistieron en que el abordaje de ese tema se dará conforme a las herramientas y mecanismos ya establecidos en el país.
En relación con la preocupación por la desinformación y los discursos de odio, el TSJE adoptó una postura cautelosa, rechazando cualquier enfoque que implique restricciones o controles que puedan interpretarse como censura. Según explicaron, la institución no tiene atribuciones para determinar el contenido de las expresiones ni para limitar opiniones, ya que esas cuestiones deben resolverse en el ámbito judicial correspondiente.
En lugar de medidas restrictivas, el organismo plantea fortalecer las campañas de información institucional como estrategia para contrarrestar la circulación de noticias falsas, promoviendo el acceso a datos oficiales sin afectar la libertad de expresión.
Por su parte, el director de Financiamiento Político, Christian Ruiz Díaz, coincidió en que las recomendaciones deben ser analizadas, pero reiteró que no serán aplicadas de manera automática. Señaló que el enfoque estará puesto en mejorar los controles dentro del marco normativo local, sin adoptar criterios externos de forma mecánica.
Desde el TSJE también se cuestionó el procedimiento utilizado por la misión internacional para difundir sus conclusiones, al considerar que los informes deberían ser previamente comunicados a las autoridades nacionales antes de su publicación.
El pronunciamiento del organismo electoral refleja una postura de cautela frente a la presión internacional, en un escenario donde el debate sobre el financiamiento político y la regulación de contenidos en campañas sigue abierto, pero bajo la premisa de resguardar la soberanía institucional y los derechos fundamentales.