El Consejo de la Magistratura (CM) tiene como roles principales conformar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Defensoría Pública, con hombres y mujeres que manejen dichas instituciones y sean los responsables -nada más y nada menos- que de liderar el sistema judicial en la República del Paraguay.
El artículo 264 de la Constitución Nacional (CN), habla de los deberes y las atribuciones del CM. La institución debe proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo; proponer ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales; elaborar su propio reglamento, y los demás deberes y atribuciones que fijen Constitución y las leyes.
El propio Colegio de Abogados del Paraguay reclamó y cuestionó el proceso de selección para la conformación de una de las dos ternas para el TSJE. Específicamente a la intención de incluir a un exsenador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), pese a no contar con los diez años del ejercicio de la profesión de abogado que exige la Constitución Nacional. Si no se impugnaba esta candidatura, se volvería al camino del deterioro institucional y de la misma ilegalidad, incluso, poniendo en riesgo las próximas elecciones. Si el proceso de selección sigue indefinido no se cubrirán a tiempo las vacancias del TSJE en pleno año electoral. Tal y como advirtieron los representantes del gremio del Derecho, las pretensiones políticas arriesgan una acefalía paralizando el sistema.
El rechazo a la candidatura de un político que se presentó a sabiendas de que no estaba habilitado para formar parte de la máxima instancia del sistema judicial electoral por incumplir requisitos constitucionales, sienta un precedente y es un mensaje claro para aquellos operadores del poder, acostumbrados a pisotear las propias leyes y, de esta manera, acomodarse en el cargo de su conveniencia. Esta vez, la ley se cumplió gracias a la presión ciudadana y a instituciones idóneas que mostraron su inconformidad. Los integrantes del CM deben ser contrapeso a la clase política y no terminar siendo funcionales a ella, buscando imponer la razón política sobre la jurídica.
Ahora, este Consejo tiene la oportunidad de llevar adelante una correcta selección de autoridades y de reivindicarse como institución, conformando una terna con los mejores candidatos. Toda la ciudadanía debe acompañar este proceso y hacer entender a los consejeros que ya no podrán dar paso en falso, porque todo será evaluado.
D.D.W-S
