Tres años sin justicia: Paraguay aún no responde por el crimen de Marcelo Pecci

Tres años de duelo, indignación y silencio oficial. Tres años en los que la justicia paraguaya sigue en deuda con su memoria, su familia y con una ciudadanía que clama respuestas.

Pecci fue ejecutado a plena luz del día en una playa de Barú, Colombia, durante su luna de miel. Su esposa, la periodista Claudia Aguilera, presenció el ataque. El crimen fue cometido con una frialdad escalofriante, bajo encargo, por sicarios que llegaron en motos acuáticas. En apenas segundos, le arrebataron la vida a un fiscal que se había convertido en una amenaza real para las redes del narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción.

Un crimen internacional, pero con raíces paraguayas

Aunque las autoridades colombianas actuaron con celeridad —identificaron y condenaron a varios autores materiales del crimen—, en Paraguay reina el estancamiento. Ninguna autoridad ha sido capaz, o ha tenido la voluntad política, de identificar a los autores intelectuales. Todos los indicios apuntan a que la orden de asesinato se fraguó en Paraguay, donde Pecci llevaba años enfrentando a organizaciones criminales que operan con niveles impunes de poder e influencia.

En 2023, durante una visita al país, el fiscal colombiano Mario Burgos fue claro: "Sabemos que la autoría intelectual está en Paraguay. Ustedes deben investigar a fondo". Sin embargo, los avances locales han sido casi nulos. La investigación está, según fuentes del Ministerio Público, "en curso", pero sin imputaciones ni resultados concretos.

La impunidad como patrón

El caso Pecci se ha convertido en el reflejo más doloroso de un Estado débil ante el crimen organizado. Su muerte expuso lo que muchos ya sabían: que las mafias están enquistadas en las estructuras políticas, judiciales y económicas del país. Y que enfrentarlas puede costar la vida.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, prometió reactivar el caso al asumir el cargo en 2023. Pero más allá de declaraciones, poco se ha hecho. Las promesas quedaron en el aire, y la investigación paraguaya sigue empantanada en un laberinto burocrático sin salidas.

Un legado silenciado

Marcelo Pecci no era un funcionario más. Investigó casos clave como el del megacargamento de cocaína hallado en el puerto de Amberes, Bélgica; lideró acciones contra estructuras del Primer Comando Capital (PCC) y fue un fiscal incómodo para figuras de poder.

Su asesinato, lejos de sacudir las estructuras del Estado paraguayo, parece haber reforzado la cultura del miedo. Ningún fiscal se ha atrevido a tomar la posta con la misma determinación. La falta de justicia en su caso es también una advertencia: en Paraguay, combatir al crimen puede costarte la vida... y ni siquiera así te garantizan justicia.

Una herida abierta

A tres años del magnicidio, Paraguay sigue sin dar una respuesta. La familia de Marcelo Pecci exige justicia, al igual que múltiples organizaciones de la sociedad civil, periodistas, y organismos internacionales. La pregunta sigue intacta: ¿Quién mató a Marcelo Pecci... y por qué el Estado paraguayo no quiere saberlo?

En medio del silencio oficial, este aniversario se convierte en un grito colectivo. Porque la muerte de Marcelo Pecci no puede quedar en la impunidad. Porque honrar su memoria implica enfrentar a los poderosos que lo mandaron matar. Porque sin justicia, el Estado de derecho no existe. Y porque hoy, más que nunca, Paraguay le debe una respuesta a uno de sus fiscales más valientes.