La familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci interpuso una demanda contra el Estado colombiano y la cadena hotelera Decameron, señalando graves omisiones que facilitaron su asesinato durante su luna de miel en Cartagena en mayo de 2022. La acción judicial fue presentada ante el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá, y los demandantes solicitan una indemnización de 10.000 millones de pesos colombianos (equivalentes a más de USD 2,4 millones).
Acusaciones de negligencia y filtración de información
La demanda alega que ni las autoridades colombianas ni el hotel tomaron las medidas preventivas necesarias para proteger la vida del fiscal, quien había liderado importantes investigaciones contra el crimen organizado en Paraguay. Según el documento, la ubicación exacta de Pecci fue filtrada, lo que permitió a los autores del crimen coordinar sus movimientos y ejecutar el ataque.
“La información sobre el alojamiento fue divulgada, y esto facilitó que los delincuentes identificaran los movimientos de Marcelo Pecci y su esposa, Claudia Aguilera”, destaca el texto de la demanda. También se cuestiona la falta de seguimiento por parte de los organismos de seguridad y la ausencia de alertas sobre los riesgos que corría el fiscal en Colombia.
Planificación del asesinato
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía colombiana, los autores materiales del homicidio se desplazaron desde Medellín hasta Cartagena en vehículos privados. El 8 de mayo de 2022, se reunieron en un restaurante para coordinar los últimos detalles del atentado. Además, contaron con el apoyo de un contacto que actuó como enlace dentro del hotel donde se hospedaba el fiscal.
El crimen se concretó el 10 de mayo de 2022 en la isla Barú, cuando Pecci fue asesinado a tiros mientras disfrutaba de la playa con su esposa, quien estaba embarazada en ese momento.
Condenas a los responsables
El asesinato de Marcelo Pecci resultó en la captura y condena de varios implicados. Margareth Lizeth Chacón, señalada como una de las principales responsables, recibió una pena de 39 años y 10 meses de prisión por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas.
Asimismo, Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos, quienes ordenaron y financiaron el crimen, fueron sentenciados a 25 años y seis meses de cárcel. Por su parte, el sicario venezolano Wendre Still Scott, junto a Eirson Arrieta Zabatela, Marisol Londoño Bedoya y Cristhian Monsalve Londoño, enfrentan penas de 23 años y seis meses por su participación en el homicidio.
Asesinato del cerebro del crimen
El caso tomó un nuevo giro el 3 de enero de 2025, cuando Francisco Luis Correa Galeano, señalado como el cerebro detrás del asesinato, fue hallado muerto en su celda en la cárcel La Picota, en Bogotá. Correa Galeano estaba detenido en el pabellón 32 y su muerte, aparentemente violenta, es objeto de una investigación adicional.
Reclamo de justicia por parte de la familia
La familia de Marcelo Pecci busca justicia tanto contra los autores materiales e intelectuales del crimen como contra las instituciones y empresas cuya negligencia, según alegan, permitió que el asesinato ocurriera. Esta demanda pone en el centro del debate la responsabilidad del Estado y las empresas privadas en la protección de figuras públicas en situaciones de riesgo, destacando las fallas en los protocolos de seguridad.
El caso continúa generando atención internacional debido al impacto del trabajo de Pecci en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Paraguay. La familia insiste en que su muerte pudo haberse evitado con una adecuada gestión de riesgos por parte de las autoridades colombianas y del hotel donde se hospedaba.
