Tras manto de dudas, "Bachi" pide a CGR auditar millonaria donación de Taiwán
La iniciativa aparece en medio de fuertes cuestionamientos, luego de la expulsión de la senadora Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, quien fue apartada del cargo bajo acusaciones de irregularidades en el manejo de esos recursos.
La nota remitida por Núñez, y difundida a través de sus redes sociales, fue interpretada como un movimiento político extemporáneo, ya que la decisión sobre Yamy Nal se produjo más de dos semanas atrás, con 40 votos en la Cámara Alta. La legisladora, antes de ser destituida, había hecho públicas grabaciones en las que se mencionaban supuestos planes para distribuir cerca de 8 millones de dólares de Taiwán entre referentes del cartismo, citando a Núñez y a otros dirigentes como Juan Carlos "Nano" Galaverna, Lizarella Valiente y Silvio "Beto" Ovelar.
La salida de Aquino fue considerada por diversos sectores como una represalia contra quien reveló los audios y no como una respuesta al fondo de las denuncias. Paralelamente, el Senado decidió sancionar con 60 días sin dieta al legislador Javier "Chaqueñito" Vera en un proceso distinto, lo que permitió que asumiera temporalmente su suplente Lucía Mendoza, del movimiento Cruzada Nacional.
La investigación solicitada ahora queda en manos de la Contraloría dirigida por Camilo Benítez. Sin embargo, la imparcialidad del órgano de control vuelve a ser puesta en tela de juicio, ya que su titular ha sido señalado como cercano al oficialismo, lo que despierta desconfianza sobre la transparencia de la revisión. A esto se suma que la Contraloría forma parte de la estructura del Ejecutivo en el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Dinero y la Corrupción, lo que según críticos limita su margen de acción real.
Cabe recordar que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas había aclarado meses atrás que los fondos de cooperación taiwanesa no se ajustan a los procesos habituales de licitación. Aun así, Núñez pidió una auditoría formal, apelando a la necesidad de asegurar rendición de cuentas y transparencia institucional. No obstante, el momento en que se plantea la revisión, tras el escándalo y la crisis interna en el cartismo, alimenta la percepción de que se trata de una maniobra más política que de una convicción real por la fiscalización.