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Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre el origen del fuego, el hecho ocurre en un contexto de denuncias graves contra la institución, lo que abre interrogantes: ¿fue un accidente o un incendio deliberado en medio de turbulencias políticas y judiciales?
En los últimos días, el Indert se encuentra bajo fuerte presión por denuncias de adjudicaciones irregulares de tierras fiscales en zonas estratégicas del país, como la región del Chaco y en corredores vinculados al proyecto del puente del Corredor Bioceánico. Señalaciones contra su presidente, Francisco Ruiz Díaz, incluyen la entrega de 29 hectáreas a un empresario por apenas G. 18 millones, una cifra considerada irrisoria en relación al valor real. Otro caso denunciado es la adjudicación exprés de 60 hectáreas a una joven sin arraigo rural, también en una zona de alto valor estratégico.
Las irregularidades han provocado una ofensiva política: un grupo de senadores presentó un pedido formal de interpelación al titular del Indert, argumentando "abuso de poder, desvío de bienes públicos y enriquecimiento injusto a expensas del Estado". La ex asesora jurídica del organismo llegó a advertir públicamente que esas operaciones eran contrarias al marco normativo del Estatuto Agrario.
Ante la magnitud del escándalo y la pérdida de legitimidad institucional, la explosiva aparición del incendio en su sede adquiere connotaciones preocupantes: más allá del daño material, queda la pregunta —y la sospecha— de si estamos ante un accionar intencional destinado a borrar documentos, silenciar irregularidades o intimidar.
Mientras bomberos trabajan en la zona y el Indert se prepara para emitir un comunicado oficial, la ciudadanía y las autoridades observan con recelo lo que podría ser un giro más en una trama de corrupción, impunidad y probable impunidad. En ese marco, este incendio podría quedar como un símbolo de opacidad, impunidad y vulneración al interés público.
