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Desde el gremio sostienen que la situación del sistema previsional del sector público ya no admite postergaciones y que la discusión debe encararse con responsabilidad y una mirada de largo plazo.
En su postura, los supermercadistas señalan que el deterioro de la Caja Fiscal responde a una crisis estructural acumulada durante años, que hoy pone en riesgo su continuidad y termina afectando no solo a los jubilados actuales, sino también a las futuras generaciones. En ese contexto, consideran indispensable avanzar en cambios profundos que permitan ordenar el sistema y garantizar su sostenibilidad, pero advierten que cualquier intento de trasladar el peso del ajuste al sector privado resultaría injusto y contraproducente.
Capasu subraya que cargar nuevos costos sobre las empresas formales tendría un impacto directo en el empleo, la inversión y la actividad económica, especialmente en sectores que ya cumplen con sus obligaciones tributarias y laborales. Según el gremio, este tipo de medidas terminaría debilitando a actores clave del aparato productivo, sin atacar las causas reales del desequilibrio previsional.
Desde la cámara empresarial remarcan que el camino debe ser el del consenso y el diálogo entre el Estado y los distintos sectores, con el objetivo de construir una reforma que preserve los derechos de los jubilados, pero que al mismo tiempo no castigue a quienes no son responsables del déficit. En esa línea, insisten en la necesidad de reglas estables y previsibles que permitan planificar inversiones y sostener el crecimiento económico.
Finalmente, Capasu advierte que el problema de la Caja Fiscal trasciende el plano técnico y tiene consecuencias directas sobre toda la ciudadanía. A su criterio, cuando el Estado debe cubrir déficits estructurales con recursos generales, el costo termina recayendo sobre las familias y los consumidores a través de los impuestos cotidianos, lo que convierte a la reforma previsional en un tema de impacto social amplio y no solo en una discusión financiera.
