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El senador Colym Soroka impulsó una iniciativa para retirar el manejo de los fondos a las gobernaciones y entregarlo directamente a las municipalidades, dejando expresamente fuera a Asunción.
La propuesta apunta a modificar varios artículos de la ley que regula el fondo nacional de alimentación escolar, con el objetivo de descentralizar la ejecución del programa. Según el legislador, el esquema actual impide que la producción de la agricultura familiar tenga un espacio real dentro de Hambre Cero, lo que termina afectando a pequeños productores que no logran colocar sus alimentos.
Soroka sostuvo que, pese a tratarse de una política pública relevante, el programa no está llegando de manera efectiva a los sectores que debería beneficiar. En ese sentido, defendió la necesidad de adoptar decisiones más profundas que permitan que los recursos impacten directamente en los distritos del interior y fortalezcan la economía local.
El senador pidió que la iniciativa sea tratada con prioridad en la próxima sesión y buscó respaldo entre sus colegas, señalando que la descentralización no debe interpretarse como una disputa política entre sectores, sino como una respuesta a una demanda histórica fuera de la capital. También instó a los gobernadores a acompañar el planteamiento y coordinar con los intendentes para mejorar la ejecución de los fondos.
El proyecto ya cuenta con adhesiones de legisladores de distintos sectores, incluyendo a Carlos Núñez Salinas y José Oviedo, lo que refleja que el debate trasciende las líneas internas tradicionales. Sin embargo, el propio Soroka, identificado con la disidencia, ha tenido votaciones alineadas con el oficialismo en temas sensibles, lo que alimenta suspicacias sobre su posicionamiento.
Durante su intervención, el parlamentario dejó entrever tensiones políticas al mencionar que figura en una lista, sin dar mayores detalles, y advirtió que, de ser necesario, avanzará con una agenda propia. Sus declaraciones se interpretan como un mensaje hacia sectores del oficialismo en medio de un clima interno marcado por disputas de poder de cara a las municipales.
La discusión sobre Hambre Cero vuelve a instalarse en el centro del escenario político en un contexto de puja dentro de la ANR y cuestionamientos sobre el control de los recursos. A esto se suma el antecedente de intentos recientes por excluir a determinados departamentos del alcance del programa, lo que evidenció la magnitud de los intereses en juego.
Uno de los puntos más llamativos del proyecto es que, si bien busca equiparar a las gobernaciones que ya quedaron fuera del esquema, como Central y Presidente Hayes, mantiene la exclusión de Asunción en la ejecución de los fondos, pese a su condición de municipio.
La iniciativa también plantea que el Ministerio de Desarrollo Social tenga un rol articulador entre las distintas instituciones para garantizar la alimentación escolar, mejorar la nutrición de los estudiantes y contribuir a su permanencia en el sistema educativo. No obstante, el eje central sigue siendo el traslado del poder de decisión hacia los gobiernos locales, bajo el argumento de que estos tienen mayor capacidad de respuesta inmediata frente a las necesidades de sus comunidades.
Con este planteamiento, el programa Hambre Cero vuelve a convertirse en un terreno de disputa política y administrativa, en el que se mezclan reclamos por eficiencia, tensiones territoriales y la pelea por el control de recursos clave.
