PolíticaTrabaja para senador Ever Villalba
Según un material audiovisual que circula intensamente en redes sociales, el joven funcionario habría incurrido en falsificación de documentos públicos, simulando asistencia laboral en días en los que en realidad se encontraba de vacaciones en el exterior.
El video, que compila documentos oficiales, registros migratorios y publicaciones en redes sociales del propio Cogliolo, denuncia que el funcionario consignó en formularios F-16 del Senado haber cumplido tareas administrativas entre el 4 y el 8 de marzo de 2024, cuando en realidad se encontraba en Rusia desde el 28 de febrero hasta el 10 de marzo de ese año. Otro caso similar se habría producido del 1 al 5 de abril, período en el que, según consta en los mismos formularios, trabajaba en el despacho del senador Ever Villalba, aunque publicaciones en su cuenta de Instagram lo ubican en Río de Janeiro.
Las acusaciones no terminan ahí. El material también apunta a posibles irregularidades aún más graves, como la falsificación reiterada de la firma de Cogliolo en varios formularios entre marzo y mayo de 2025. Se alegan diferencias notorias en las firmas y aclaraciones, lo que podría configurar hechos punibles como producción de documentos no auténticos y producción mediata de documentos públicos de contenido falso, con penas que podrían alcanzar hasta cinco años de prisión.
Según lo expresado en el material, Martín Cogliolo habría ingresado a la Cámara Alta a pedido de la propia senadora Celeste Amarilla, y actualmente se desempeñaría en el despacho del senador liberal Ever Villalba. No obstante, Amarilla aseguró públicamente que fue Villalba quien solicitó su contratación y exigió su desvinculación inmediata, desligándose de toda responsabilidad. Por su parte, el senador Villalba sostuvo que no pedirá su desvinculación, afirmando que el joven funcionario sí cumplió con sus funciones.
El video concluye pidiendo el inicio del procedimiento de pérdida de investidura de ambos legisladores, argumentando que las pruebas disponibles son suficientes y legalmente fundadas para activar este mecanismo constitucional.
Este caso se suma a una larga lista de denuncias de uso irregular de cargos públicos, reforzando el creciente reclamo ciudadano por mayor transparencia y rendición de cuentas en el Congreso Nacional.
