Sin cuórum: Diputados levantan sesión mientras analizaban proyecto de ley de "recorte responsable"
La Cámara de Diputados resolvió incluir en el orden del día el proyecto de ley de "recorte responsable" y, tras su planteamiento en plenaria, aceptó constituirse en Comisión para su estudio, dando inicio al debate entre legisladores de diferentes bancadas. Durante la sesión, el diputado Yamil Esgaib solicitó postergar el tratamiento de la iniciativa; sin embargo, el pedido no prosperó y se avanzó con la discusión en comisión.
Varios bloques presentaron este martes este proyecto de racionalización del gasto público y recorte de bonificaciones que abarca a los tres poderes del Estado y a entes descentralizados, ampliando así el alcance de las medidas en debate.
Sin embargo, no pudo ser analizada en su totalidad luego de que varios legisladores se retiraran de la sala, lo que obligó a levantar la sesión antes de concluir el estudio del proyecto.
Propuesta
La propuesta principal plantea establecer topes salariales bajo el principio de que ningún funcionario público perciba ingresos superiores a los del presidente de la República, Santiago Peña.
Asimismo, contempla la eliminación de beneficios como seguros médicos privados, provisión de combustible, catering, obsequios, arreglos florales y otros gastos protocolares considerados innecesarios.
El proyecto también apunta a restringir la publicidad institucional en medios de comunicación, permitiéndola únicamente en casos de emergencia nacional, como campañas de vacunación o alertas sanitarias. Además, prohíbe el uso de recursos públicos para promocionar políticamente a funcionarios vinculados a obras o proyectos estatales.
Otro de los puntos clave es la eliminación de remuneraciones adicionales, como pagos por presentismo u otros complementos salariales que no cuenten con justificación clara.
Los impulsores de la iniciativa estiman que, de aprobarse, podría generar un ahorro cercano a los 8 millones de dólares mensuales, en un contexto marcado por reclamos ciudadanos de mayor control del gasto y austeridad en el manejo de los recursos públicos.
La medida también alcanzaría a altos cargos en instituciones como el Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos gerentes no podrían superar el salario presidencial. No obstante, el proyecto contempla excepciones para servicios críticos, como el catering en hospitales.
El debate se desarrolló en medio de cuestionamientos al reparto de bonificaciones en el Congreso y bajo el argumento de una "economía de guerra", que exige, según los legisladores, una administración más eficiente y transparente de los recursos del Estado.