El Senado discute si inicia el proceso de pérdida de investidura de la legisladora Noelia Cabrera, tras revelarse que dos de sus sobrinos fueron contratados en el Congreso, cobrando millonarios salarios sin mérito ni asistencia regular. El caso sacudió la opinión pública y puso en alerta al oficialismo, que ahora teme que abrir este precedente desate una serie de pedidos similares contra otros legisladores que incurrieron en las mismas prácticas de tráfico de influencia y nepotismo.
Mientras el debate se centra en Cabrera, en los pasillos del Congreso ya se menciona que la aplicación de la ley de forma justa y generalizada dejaría expuestos a varios parlamentarios, especialmente del movimiento oficialista Honor Colorado. El temor es claro: si cae una, pueden caer todos.
El caso que lo desató todo
Los sobrinos de Noelia Cabrera, Iván e Iris Giménez Cabrera, fueron contratados con sueldos de entre 8 y 13,5 millones de guaraníes. Según las investigaciones periodísticas, fichaban en el Senado y luego se dirigían a trabajar a un estudio jurídico privado. El vínculo familiar con la senadora y la falta de cumplimiento de funciones son considerados como tráfico de influencia y planillerismo, lo que activó un sumario administrativo y el inicio de conversaciones sobre la pérdida de su investidura.
Legisladores señalados por nepotismo
Silvio "Beto" Ovelar (ANR): presidente del Senado. Contrató a su hijo como funcionario del Congreso, justificando públicamente el nombramiento con argumentos de "mérito académico". La designación fue duramente criticada por su carácter elitista y sin proceso competitivo.
Carlos Núñez Agüero (ANR): contrató a su hija como directora administrativa del Congreso con salario superior a 11 millones de guaraníes, pese a no contar con título universitario. También ubicó a otros familiares en cargos públicos.
Ramón Retamozo (ANR): designó a su hijo como asesor en la Cámara de Diputados con sueldo de casi 18 millones. No se conocen informes de tareas realizadas ni experiencia previa en el área.
José "Pakova" Ledesma (PLRA): ubicó a tres hijos y un hermano en cargos legislativos. Las planillas indican que suman entre todos salarios por más de 50 millones de guaraníes mensuales.
Líder Amarilla (PLRA): designó a su hermana como asesora legislativa, cobrando más de 12 millones sin concurso ni formación técnica documentada.
Dionisio Amarilla (PLRA): fue destituido del Senado en 2019 por tráfico de influencias. Fue reelecto y posteriormente expulsado del PLRA en 2024, acusado nuevamente de prácticas similares.
Derlis Maidana (ANR): reconoció públicamente haber ubicado a familiares en el Congreso durante su mandato, alegando que si bien es moralmente cuestionable, no viola directamente la ley.
Legislación vs. práctica política
La normativa vigente prohíbe expresamente el nepotismo y establece que el uso indebido de influencia es causal de pérdida de investidura. A pesar de ello, muchos casos no se investigan sistemáticamente, y tampoco se sancionan de forma transversal, particularmente cuando involucran figuras del partido de gobierno.
Temor en el oficialismo
El oficialismo, con mayoría parlamentaria, observa con tensión el avance del caso contra Cabrera. Si se establece como precedente, otros legisladores como Ovelar, Núñez Agüero, Retamozo, Ledesma o Amarilla podrían tener que enfrentar procesos similares. Esta posibilidad explica la cautela, o incluso resistencia, para limitar el debate únicamente a ella.
Un Congreso que debe mirarse a sí mismo
El caso Cabrera representa una oportunidad para que el Congreso actúe con firmeza legal e imparcialidad. Aplicar la norma sin distinción puede ser un paso hacia la renovación institucional. Ignorar los antecedentes equilibra la justicia según color partidario.
La ciudadanía espera menos nepotismo, menos privilegios y más coherencia en la aplicación de la ley. Porque si cae una, podrían caer varias. Y quizás ese sea el punto de partida para reconstruir la credibilidad democrática.
