Senaduría vitalicia, un viejo debate reactivado para habilitar a expresidentes
La discusión sobre la senaduría vitalicia reapareció con fuerza en el cierre del año legislativo, reabriendo una controversia que atraviesa décadas de la vida institucional. Aunque el mecanismo está claramente definido en el artículo 189 de la Constitución, distintos intentos por modificarlo, reglamentarlo o directamente eliminarlo fracasaron en el pasado. Hoy, el debate retorna impulsado por un proyecto que vuelve a poner en el centro a los expresidentes y, especialmente, a la figura de Horacio Cartes.
El detonante fue la iniciativa presentada por el titular del Senado, Basilio Núñez, quien planteó una ley para "reglamentar" el artículo constitucional que otorga a los exmandatarios el carácter de senadores vitalicios. El proyecto fue presentado como una decisión personal, sin injerencia del liderazgo partidario, aunque el contexto político alimentó suspicacias inmediatas. Núñez sostuvo públicamente que Cartes no tuvo participación alguna y llegó a afirmar que es "el que menos habla" del tema.
La propuesta apareció cargada de simbolismo político, ya que reactiva un debate sensible marcado por antecedentes traumáticos. En 2017, el intento de forzar la reelección presidencial mediante la llamada "enmienda" dejó una herida abierta en la democracia con el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, tras la irrupción policial en la sede del PLRA. Ese episodio consolidó la resistencia social a cualquier movimiento que sea leído como un atajo para reconfigurar el poder desde el Congreso.
El proyecto actual consta de once artículos, pero el núcleo de la controversia se concentra en la posibilidad de que un expresidente renuncie a su condición de senador vitalicio para competir en elecciones y convertirse en legislador activo. De concretarse, no solo accedería a voz y voto, sino que quedaría plenamente integrado a la estructura del Senado, con todas las prerrogativas del cargo, incluida su ubicación en la línea de sucesión presidencial. Para varios constitucionalistas y sectores opositores, esto no constituye una reglamentación sino una alteración sustancial del artículo 189, una modificación encubierta de la Constitución.
No es la primera vez que se intenta avanzar sobre esta figura. En 2023, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el Poder Ejecutivo impulsó un proyecto alternativo que también buscaba reglamentar la senaduría vitalicia. Aquella propuesta se enfocaba principalmente en limitar los fueros, reduciendo la inmunidad a la mera opinión parlamentaria, y habilitaba la renuncia al cargo solo para asumir funciones administrativas o diplomáticas, no para competir electoralmente. El debate fue intenso y el proyecto terminó archivado sin prosperar.
Más atrás aún, en 2011, un grupo de diputados optó por un camino más radical: eliminar directamente la senaduría vitalicia mediante una enmienda constitucional. La iniciativa, liderada por el entonces diputado liberal Víctor Ríos, proponía derogar el artículo 189 y convocar a un referéndum constitucional. A pesar del respaldo de varios legisladores de distintos sectores, el planteamiento tampoco logró avanzar y quedó archivado.
La Constitución es explícita al señalar que los expresidentes electos democráticamente serán senadores vitalicios, sin integrar quórum y con derecho únicamente a voz, no a voto, salvo en el caso de haber sido destituidos por juicio político. Bajo esa excepción, el único expresidente que ocupó una banca activa en el Senado fue Fernando Lugo, quien, paradójicamente, durante su gestión legislativa se opuso a que expresidentes colorados asumieran como senadores activos.
El debate actual no se da en el vacío. Se produce en un clima político enrarecido por denuncias de connivencia entre poderes del Estado. En ese marco, el senador liberal Eduardo Nakayama afirmó que la reciente reunión entre el presidente Santiago Peña y ministros de la Corte Suprema tuvo como objetivo garantizar impunidad. Según sostuvo, el encuentro fue deliberadamente ocultado y luego negado, hasta que terminó siendo admitido por sus propios protagonistas.
Nakayama advirtió que este tipo de vínculos informales y partidarios entre poderes del Estado deteriora gravemente la democracia, al reemplazar relaciones institucionales por acuerdos políticos de conveniencia. Para la oposición, el intento de reactivar la senaduría activa para expresidentes no puede desligarse de ese contexto más amplio, en el que se percibe una concentración de poder y una reinterpretación funcional de la Constitución.
Así, la senaduría vitalicia vuelve a ser mucho más que una figura honorífica. Se convierte nuevamente en un campo de disputa sobre los límites del poder, el respeto a la Constitución y la memoria reciente de una democracia que ya pagó costos demasiado altos cuando esos límites fueron forzados.
