PolíticaAnexo C
La bancada democrática del Senado impulsó una audiencia pública bajo el lema "Revisión del Anexo C: Política de Estado y Causa Nacional", con la intención de instalar un debate serio y con respaldo técnico sobre el futuro del Tratado de Itaipú. La actividad reunió a especialistas del sector energético y referentes políticos, quienes coincidieron en que la postergación del proceso de renegociación con Brasil representa una pérdida progresiva de ventajas para Paraguay.
Uno de los puntos centrales fue el pedido de retomar con urgencia las conversaciones con el gobierno brasileño, paralizadas desde el 1 de abril tras la denuncia de que agentes de inteligencia del Brasil espiaron a autoridades paraguayas entre 2022 y 2023. Pese a la gravedad del incidente, los expertos insistieron en que mantener la situación actual beneficia únicamente al socio mayor y deja al Paraguay en una posición cada vez más desventajosa.
Durante el encuentro, los técnicos delinearon varios ejes que, según ellos, deberían guiar la postura nacional en la futura negociación: el uso pleno de la energía que corresponde a Paraguay, mayores retribuciones económicas, apertura para comerciar electricidad en el mercado brasileño, y la anulación de una deuda considerada ilegítima que asciende a más de 4.000 millones de dólares.
El ingeniero Fabián Cáceres admitió que los lazos de confianza con Brasil quedaron profundamente dañados por el caso de espionaje, aunque enfatizó que la inacción prolonga un escenario favorable exclusivamente para el país vecino. Propuso además que Itaipú sea un agente de desarrollo que financie proyectos de generación energética y que se concrete la esclusa de navegación para conectar la hidrovía. También sugirió que la ANDE tenga la posibilidad de adquirir energía del mercado brasileño cuando las condiciones lo exijan.
Por su parte, el ingeniero Ricardo Canese defendió la necesidad de establecer una tarifa que refleje el costo real, lo cual permitiría a la ANDE acceder a electricidad más económica y contratar el total de la potencia para impulsar el crecimiento del país. Además, reclamó una compensación histórica para las comunidades indígenas desplazadas por la construcción de la represa, y abogó por que el 50% de la renta eléctrica quede en manos de la administración paraguaya para inversiones en infraestructura, redes de distribución y generación solar.
Otro de los expositores, Pedro Ferreira, opinó que la criptominería podría representar una fuente de ingresos significativa, aunque de forma temporal. No obstante, advirtió sobre una posible crisis de abastecimiento en el mediano plazo, sobre todo si el nivel del río Paraná sigue disminuyendo. Alertó que Paraguay debe prepararse para un escenario en el que necesitará importar energía, y que en ese momento los precios no serán favorables. "Esa crisis energética podría llegar antes de lo previsto", sentenció.
