PolíticaAnte la Fiscalía
El senador opositor Rafael Filizzola presentó este martes ante la Fiscalía General del Estado un pedido formal de investigación penal de oficio por presuntas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS), que salpican a la Dirección Jurídica de la institución.
En el escrito, el legislador expone una serie de antecedentes que, a su criterio, ameritan la intervención del Ministerio Público ante la posible comisión de hechos punibles que habrían afectado el patrimonio del ente previsional.
Entre los principales puntos señalados figura el crecimiento de la nómina de abogados externos durante la gestión de José González Maldonado como director jurídico del IPS, pasando de 10 a 29 profesionales, con un costo anual superior a los G. 2.600 millones.
El documento también menciona un aumento patrimonial del 215% del citado funcionario en un lapso de 15 meses.
Asimismo, se cuestiona el cobro de honorarios por G. 412 millones en el marco de un acuerdo transaccional con una empresa hotelera.
Según la presentación, existirían indicios de que los fondos no habrían sido abonados por la contraparte, sino por el propio IPS, lo que podría configurar una posible lesión de confianza.
El senador también advierte sobre supuestas inconsistencias en la declaración patrimonial del funcionario ante la Contraloría General de la República y menciona la eventual existencia de hechos como enriquecimiento ilícito, evasión impositiva y apropiación, sujetos a verificación fiscal.
Otro de los puntos planteados es la utilización del rubro "gastos judiciales" para la homologación de pagos millonarios por parte del Consejo de Administración del IPS, lo que, según la nota, podría haber permitido eludir procesos licitatorios obligatorios.
Filizzola sostiene que los hechos no serían aislados y solicita que la investigación se amplíe a todas las actuaciones de la Dirección Jurídica durante la gestión mencionada, así como a eventuales responsabilidades de otras autoridades que hayan intervenido en los acuerdos cuestionados.
El documento fue remitido para que el Ministerio Público evalúe la apertura de una causa penal y determine si existen méritos para iniciar una investigación formal.
