Senador alerta sobre caos institucional y falta de control en la obra de la Ruta Elevada PY02
Durante una reunión de trabajo en el Senado, el legislador José Oviedo cuestionó que ninguna de las instituciones públicas convocadas haya podido brindar datos completos sobre el proyecto, a pesar de que los trabajos ya avanzan en zonas urbanas densamente pobladas como Luque, Areguá y áreas cercanas a San Bernardino. Según expuso, ni siquiera el Ministerio de Obras Públicas pudo precisar con claridad el alcance real de las afectaciones previstas.
Oviedo afirmó que solo el sector educativo manejaba información concreta sobre el impacto de la obra, al advertir que al menos 64 instituciones educativas serían alcanzadas por el trazado. A esto se suman hospitales, zonas productivas, áreas culturales y espacios históricos que quedarían comprometidos sin que exista, hasta el momento, un plan de contingencia claro para los vecinos.
Uno de los puntos más sensibles señalados por el senador es que los censos a familias y productores recién comenzarían ahora, cuando las tareas de construcción ya están en ejecución. Advirtió que cientos de personas viven en la incertidumbre, sin saber si deberán abandonar sus viviendas, cuándo recibirán compensaciones o cómo reorganizar su vida cotidiana frente al avance de la obra.
El parlamentario también puso el foco en la cuestión ambiental, al cuestionar que los estudios se realicen de manera fragmentada y no contemplen el impacto integral de una infraestructura que atravesará zonas urbanas con alta circulación y valor patrimonial. En ese sentido, sostuvo que la solución elegida para mejorar la movilidad no fue debidamente analizada y que se dejaron de lado alternativas como sistemas ferroviarios o proyectos de transporte de gran escala con menor impacto social.
En el plano económico y legal, Oviedo denunció que la obra fue otorgada a la empresa concesionaria mediante una adenda contractual, sin un proceso de licitación pública ni un estudio profundo en el Congreso. Aseguró que se modificaron normas para viabilizar el proyecto y que el costo estimado, cercano a los 180 millones de dólares, genera serias dudas sobre su razonabilidad y transparencia.
A estas críticas se sumó la senadora Esperanza Martínez, quien cuestionó duramente la reiterada ausencia de la ministra de Obras Públicas en audiencias públicas y espacios de rendición de cuentas vinculados a la obra. Señaló que el proyecto avanza mientras persisten las preguntas básicas sobre su alcance, sus consecuencias y los compromisos asumidos por el Estado.
Martínez advirtió que la ruta elevada podría provocar un colapso urbano al canalizar hasta 100.000 vehículos diarios por zonas residenciales, además de generar daños irreversibles al patrimonio cultural y ambiental, especialmente en áreas de Areguá. Relató que vecinos afectados acuden al Senado en busca de respuestas que, hasta ahora, ninguna institución ha podido ofrecer.
Desde sectores opositores no se descarta impulsar acciones para frenar temporalmente la ejecución del proyecto, al menos hasta que se garantice información transparente, se evalúen alternativas y se atiendan los reclamos de las comunidades afectadas. Aunque reconocen no contar con los votos necesarios para imponer una decisión, los legisladores sostienen que existe una responsabilidad política y ética de intervenir ante una obra que avanza, mientras la ciudadanía sigue sin certezas.