La Cámara de Senadores sancionó ayer, miércoles, la nueva ley "antimafia" de pagarés, que regula los embargos salariales sobre funcionarios públicos. El texto —ya remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación— establece límites al descuento compulsivo en los salarios estatales, pero llama la atención que no incluye expresamente al Banco Nacional de Fomento (BNF) entre las entidades obligadas por la norma.
Según el texto aprobado, los descuentos por deudas o embargos salariales para funcionarios públicos no podrán exceder el 50 % de sus ingresos mensuales, siempre y cuando estos sean autorizados por el trabajador y gestionados a través de asociaciones, cooperativas, mutuales reconocidas o entidades similares.
La propuesta se enmarca en las acciones contra la llamada "mafia de los pagarés", un entramado que habría involucrado jueces, casas comerciales y agencias de cobranza para imponer obligaciones abusivas mediante pagarés endosables.
Durante el debate, Javier Zacarías Irún (ANR-HC), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió las modificaciones introducidas desde Diputados. Señaló que la ley busca garantizar la "solvencia digna" de los empleados estatales frente a descuentos excesivos.
Sin embargo, Rafael Filizzola (PDP), líder de la comisión que investiga la mafia de pagarés, advirtió que la exclusión del BNF es una omisión grave dado que dicha institución aparece vinculada en denuncias por operar con la empresa Walton Pagos, que actuaba como intermediaria entre cobradores y el BNF.
Los críticos del texto aseguran que la norma queda coja si no regula al BNF, ya que muchas de las denuncias del esquema apuntan a operaciones con ese banco. También cuestionan que el 50 % como tope pueda resultar excesivo en casos donde el ingreso del funcionario sea bajo. El desafío estará en la reglamentación que dicte el Ejecutivo —y en la implementación efectiva— para evitar nuevos abusos bajo la apariencia de legalidad.