PolíticaVuelve a Diputados
Una de las principales innovaciones aprobadas establece que tanto la Policía Nacional como la Fiscalía deben activar de inmediato la búsqueda tras una denuncia, sin necesidad de que existan pruebas o indicios de que la vida, integridad o libertad de la persona estén en riesgo.
El texto aprobado también introduce un nuevo concepto de "persona desaparecida", que abarca a cualquier individuo cuyo paradero se desconozca, sin distinción de edad, género, nacionalidad o condición social, siempre que se formalice la denuncia ante las autoridades. Esto incluye situaciones en las que no haya elementos de peligro evidente.
Durante el debate, la senadora Valiente planteó que las denuncias solo sean admitidas si se sustentan en una "razón alarmante", pero la propuesta fue descartada por el senador Javier Zacarías Irún (ANR-HC), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Según explicó, incorporar esa exigencia introduciría criterios subjetivos que podrían retrasar la respuesta inmediata, especialmente en casos de niños y adolescentes.
Entre otras correcciones, se dispuso que cualquier ciudadano pueda informar sobre una desaparición y que la propia Policía esté facultada para activar el sistema de búsqueda Mafe. Además, se ajustó la redacción del artículo 11, aclarando que una denuncia es válida tanto si se desconoce completamente el paradero de la persona como si existe temor por su seguridad o integridad.
Con estas modificaciones, el proyecto apunta a dar mayor rapidez y eficacia en la localización de personas desaparecidas, con prioridad en sectores más vulnerables, reforzando así la capacidad de respuesta del Estado ante un problema social que exige acción inmediata.
