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La iniciativa fue presentada por el senador colorado Ramón Retamozo durante una reunión de la mesa directiva y se prevé que sea tratada en la sesión ordinaria prevista para este miércoles.
El planteamiento propone exhortar al gobierno estadounidense a revisar las medidas adoptadas contra Velázquez y otros ciudadanos paraguayos que fueron calificados como "significativamente corruptos", o bien a que se expongan de manera formal y fundamentada los elementos que sustentaron dichas decisiones. Aunque el documento menciona de forma directa al exvicepresidente, el alcance del pedido abre la puerta a beneficiar también a otras figuras que se encuentran bajo la misma calificación.
El tratamiento del proyecto se da en un momento políticamente sensible, marcado por la campaña rumbo a las elecciones municipales y por la fragmentación dentro de la disidencia colorada, donde distintos sectores mantienen posiciones enfrentadas y, según críticos, algunos alineamientos terminan favoreciendo al cartismo.
Desde la presidencia del Senado, a cargo de Basilio "Bachi" Núñez, se indicó que el documento podría ser incluido dentro del apartado de declaraciones y eventualmente adelantado para su tratamiento en las primeras horas de la sesión. La movida parlamentaria genera expectativa por sus implicancias tanto en el plano interno como en la relación con Washington.
El caso de Hugo Velázquez se remonta a agosto de 2022, cuando fue señalado por el Departamento de Estado como "significativamente corrupto", lo que derivó en su salida de la carrera presidencial tras acusaciones que incluían un presunto intento de soborno para frenar una investigación, además de menciones a supuestos vínculos con estructuras internacionales ilícitas.
En paralelo, la situación de Horacio Cartes presenta un matiz distinto. Si bien en 2025 se levantaron las sanciones económicas en su contra por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el exmandatario continúa bajo la designación política de corrupción significativa, lo que mantiene vigente el debate sobre su estatus a nivel internacional.
El avance de este pedido en el Senado reabre una discusión de fondo sobre los alcances de las sanciones extranjeras, el impacto en la política local y el uso de estas iniciativas en un contexto electoral donde los posicionamientos internos y externos comienzan a jugar un papel cada vez más determinante.
