PolíticaPodrá vender su predio
Para ello, la mayoría oficialista impulsó la derogación de disposiciones legales establecidas hace más de 80 años por el entonces presidente Higinio Morínigo, quien había condicionado estrictamente el uso del predio.
En la sesión ordinaria, los senadores decidieron suprimir artículos clave de las leyes de 1941 y 1943, que impedían al club vender, hipotecar o transferir el inmueble cedido por el Estado. El argumento central fue que esas limitaciones jurídicas representan trabas para que el club acceda a préstamos o lleve adelante proyectos de infraestructura, como la construcción de un nuevo polideportivo.
La propuesta generó un intenso cruce entre bancadas. Mientras los impulsores sostienen que se trata de una oportunidad para modernizar las instalaciones del club y potenciar su desarrollo, varios senadores de la oposición denunciaron vicios legales y cuestionaron el trasfondo de la medida, por considerar que pone en riesgo el patrimonio estatal.
Uno de los más críticos fue el senador Eduardo Nakayama, quien advirtió que el proyecto original solo contemplaba la derogación de la ley de 1941, sin tomar en cuenta la existencia de otro decreto de 1943 que establece las mismas prohibiciones. A su juicio, esto convertía al proyecto en jurídicamente inviable.
"La cesión fue con fines específicos, y hoy se pretende distorsionar esa naturaleza. Si necesitan financiación, que lo hagan con recursos propios y no poniendo como garantía un bien público", cuestionó.
También la senadora Yolanda Paredes se manifestó en contra de lo aprobado y acusó a sus colegas de no transparentar el proceso legislativo. Apuntó que no se socializó adecuadamente la documentación y exigió que se respete el debido procedimiento.
"No podemos legislar sobre proyectos que no están jurídicamente completos. El decreto de 1943 sigue vigente. Acá no se trata de mayoría o minoría, sino de legalidad", sostuvo.
Por otro lado, el presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, defendió con firmeza la iniciativa. Dijo que los cuestionamientos solo entorpecen el progreso de una institución deportiva que quiere crecer. "Estamos impidiendo que un club que representa a nuestro país pueda levantar obras que beneficien a la comunidad", manifestó.
El dictamen favorable de la Comisión de Deportes, presidida por el senador Juan Carlos Galaverna (h), también fue clave para que la propuesta avanzara. Según explicó, las restricciones impuestas por leyes antiguas limitaban el acceso del club a créditos y herramientas financieras que permitirían desarrollar su infraestructura.
Ante los reclamos, el pleno del Senado finalmente aceptó incorporar al proyecto la derogación de los artículos del decreto de 1943, a pedido del senador Dionisio Amarilla. De esta manera, se cubrieron los vacíos legales señalados y se eliminó todo impedimento que ataba el uso del predio estatal.
El texto aprobado incluye además una cláusula que dejaba estipulado que, si el club dejaba de existir o se declaraba en quiebra, el terreno con todas sus mejoras debía retornar al Estado. Esa condición también fue eliminada.
La senadora Blanca Ovelar fue una de las voces que más lamentó el procedimiento apresurado con que se trató el tema, al considerar que el Senado sigue cayendo en decisiones que afectan su imagen ante la ciudadanía. "No debatimos, no analizamos con seriedad. Estamos consolidando la percepción de que este es uno de los peores congresos que ha tenido el país", expresó con dureza.
Pese a las críticas, la mayoría cartista logró aprobar el proyecto con modificaciones, en un nuevo episodio que reaviva la discusión sobre el uso de bienes públicos y la falta de transparencia en decisiones que involucran intereses urbanos y políticos.
