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La propuesta, impulsada por el senador Éver Villalba, quedó relegada de la sesión luego de que la mayoría optara por postergar el análisis, en un contexto donde siguen creciendo las sospechas de que alrededor del polígrafo existe un sistema de negociados.
El documento formaba parte del orden del día y estaba previsto para ser tratado en el punto ocho, pero ninguna comisión había emitido dictamen debido a que esperaban una respuesta formal del ministro del Interior, Enrique Riera. El retraso en ese informe alimentó un debate que ya venía encendido, considerando que varios legisladores cuestionan que la prueba sea determinante para que un efectivo policial ascienda o quede fuera del proceso.
Desde hace meses la utilización del polígrafo divide a los bloques políticos. La discusión se agudizó con un episodio reciente que involucró un duro cruce entre Riera y el senador oficialista Carlos Núñez, quien sostiene que la herramienta no solo es poco confiable, sino que está rodeada de manejos irregulares que deberían investigarse antes de seguir utilizándola.
La bancada cartista, que pidió la postergación, también promovió el envío a comisiones de un pedido de informes para obtener todas las pruebas de polígrafo realizadas en el 2025. Solicitan que el Ministerio del Interior remita los resultados completos del personal evaluado y que especifique cuántos oficiales y suboficiales fueron sometidos al procedimiento durante el año.
El trasfondo de la discusión apunta a un viejo reclamo dentro de la Policía: muchos uniformados consideran que el detector de mentiras no representa un mecanismo justo ni transparente para medir idoneidad. Por otro lado, sectores políticos coinciden en que la institución necesita reformas profundas, pero no logran ponerse de acuerdo sobre qué elementos deben mantenerse o eliminarse en el proceso de modernización.
Por ahora, el futuro del proyecto queda en pausa. La decisión final dependerá del informe que envíe el ministro Riera y de la evaluación de las comisiones asesoras. Hasta entonces, la controversia sobre el polígrafo seguirá instalada en el centro del debate político y policial, alimentando una tensión que ya se volvió habitual en el Congreso.
