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La Cámara de Senadores sancionó este martes el proyecto de ley que declara emergencia nacional de seguridad vial por el plazo de un año, una decisión que generó un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición debido a las implicancias que tendría para la gestión de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV).
La iniciativa, impulsada inicialmente en la Cámara de Diputados por legisladores del movimiento cartista, fue aprobada con rapidez en ambas cámaras y quedó lista para su remisión al Poder Ejecutivo. El argumento central de los promotores del proyecto es la necesidad de adoptar medidas urgentes ante la elevada cantidad de accidentes de tránsito que se registran cada año y que figuran entre las principales causas de muerte, especialmente entre los jóvenes.
Sin embargo, desde sectores opositores surgieron fuertes cuestionamientos. Senadores de distintas bancadas sostuvieron que la declaración de emergencia no está acompañada de informes técnicos que demuestren un agravamiento reciente de la situación vial que justifique la adopción de medidas excepcionales.
Los críticos del proyecto advirtieron además que la normativa podría otorgar amplias facultades al director de la ANTSV, Félix Jiménez, para ejecutar contrataciones bajo mecanismos extraordinarios y acelerar adquisiciones vinculadas a tecnología de control y fiscalización en rutas y ciudades.
Uno de los puntos que más controversia generó durante el debate fue la posibilidad de que la declaración de emergencia facilite el regreso de las fotomultas y de sistemas automatizados de control de velocidad, una herramienta que en el pasado fue objeto de numerosas críticas y cuestionamientos por parte de conductores y organizaciones civiles.
Desde la oposición sostienen que la implementación de nuevas tecnologías para el control del tránsito no requiere necesariamente una declaración de emergencia nacional y que los mecanismos legales vigentes ya permiten avanzar en proyectos de modernización vial. Por ello, consideran que la iniciativa podría abrir espacios para contrataciones con menor nivel de control y supervisión.
El presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, salió al paso de las críticas y defendió la propuesta. Argumentó que numerosos países de la región utilizan radares y sistemas automáticos de fiscalización para reducir accidentes y salvar vidas. A su criterio, la resistencia a las fotomultas responde más a una cuestión política que a una discusión sobre seguridad vial.
Los sectores que respaldan la ley sostienen que el país necesita herramientas más eficaces para combatir la imprudencia al volante y disminuir los índices de siniestralidad. Afirman que el uso de tecnología puede convertirse en un aliado fundamental para fortalecer los controles y generar una mayor conciencia sobre el respeto a las normas de tránsito.
No obstante, los detractores de la iniciativa mantienen sus reparos y advierten que la ley deja demasiados aspectos abiertos a la reglamentación posterior. También cuestionan que una medida de esta magnitud haya sido aprobada sin un debate más profundo sobre sus alcances, costos y mecanismos de control.
Con la sanción parlamentaria ya consumada, la discusión ahora se trasladará al Poder Ejecutivo. Mientras tanto, el retorno de las fotomultas vuelve a instalarse en el centro del debate público y reaviva una polémica que durante años dividió opiniones entre quienes defienden mayores controles en las rutas y quienes consideran que estos sistemas terminan convirtiéndose en herramientas recaudatorias antes que preventivas.
