Senado busca cerrar la ruta negra de explosivos para canteras
La ofensiva contra el uso criminal de explosivos abrió un nuevo debate sobre los controles estatales. Mientras las autoridades intentan impedir que estos materiales terminen en manos de bandas delictivas, el Congreso analiza cambios para facilitar el acceso legal al sector canterero sin debilitar los mecanismos de fiscalización.
El endurecimiento de los controles sobre la comercialización de explosivos, impulsado por la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) tras los recientes ataques a entidades financieras, abrió un intenso debate en el Congreso Nacional. La preocupación por el desvío de materiales al crimen organizado convive ahora con los reclamos de productores y empresarios del sector extractivo, quienes sostienen que las nuevas restricciones dificultan el desarrollo de una actividad considerada estratégica para la construcción y la infraestructura.
Con ese escenario de fondo, la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Cámara de Senadores, encabezada por el senador liberal Sergio Rojas, volvió a reunir a representantes de instituciones públicas y del sector privado para avanzar en una propuesta que permita fortalecer la seguridad sin afectar el funcionamiento de las canteras legalmente establecidas.
El desafío de combatir el mercado clandestino
Para el legislador, el principal problema no radica únicamente en endurecer los requisitos para la compra de explosivos, sino en evitar que las excesivas limitaciones empujen a los usuarios hacia circuitos ilegales de abastecimiento.
Según explicó, actualmente son muy pocos los operadores que logran reunir todos los requisitos para acceder legalmente a estos materiales, situación que, lejos de solucionar el problema, termina favoreciendo la expansión del mercado negro.
Rojas recordó que el país enfrenta un problema de seguridad nacional debido a que explosivos originalmente comercializados dentro del circuito legal terminaron siendo utilizados por organizaciones criminales en violentos asaltos a bancos registrados en distintos puntos del territorio nacional.
El caso más reciente ocurrió en Santa Rita, Alto Paraná, donde un numeroso grupo de delincuentes utilizó cargas explosivas para ejecutar un ataque simultáneo contra entidades bancarias y una casa de cambios, hecho que volvió a instalar la preocupación sobre la trazabilidad de estos materiales.
Segunda mesa de trabajo con instituciones del Estado
La reunión convocada por la comisión parlamentaria reunió nuevamente a representantes de la Digemabel, el Consejo de Defensa Nacional (Codena), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), el Viceministerio de Minas y Energía, empresarios del sector y propietarios de canteras provenientes de distintas regiones del país.
El objetivo fue identificar cuáles son los principales obstáculos administrativos y legales que impiden que numerosas explotaciones mineras puedan regularizar completamente su situación y acceder de manera formal a la adquisición de explosivos.
Las autoridades coincidieron en que la solución pasa por simplificar algunos procedimientos burocráticos sin disminuir el nivel de control que exige el Estado para un producto considerado altamente sensible.
Impacto ambiental y regularización de tierras
Uno de los puntos que concentró buena parte del debate fue la obtención de las declaraciones y licencias ambientales exigidas por el Mades.
Los representantes del sector señalaron que los tiempos para conseguir estas autorizaciones suelen retrasar durante meses la regularización de las canteras, motivo por el cual solicitaron mecanismos más ágiles que permitan acelerar los trámites administrativos.
Paralelamente también se analizó la situación jurídica de numerosos establecimientos que operan sobre inmuebles fiscales o cuyos propietarios se encuentran impulsando procesos de usucapión.
En ese contexto, el Indert expuso alternativas para avanzar en la regularización de títulos de propiedad, aspecto considerado indispensable para completar el proceso de formalización.
Nuevos controles tras detectar desvío de explosivos
La discusión legislativa surge luego de la entrada en vigencia de la Resolución N.º 260/2026 de la Digemabel, emitida el pasado 18 de junio como respuesta a una serie de investigaciones que detectaron irregularidades en el manejo de explosivos comercializados legalmente.
Los informes técnicos revelaron que parte del material adquirido por usuarios autorizados apareció posteriormente en escenarios vinculados a hechos delictivos de alta complejidad.
Además, las fiscalizaciones permitieron identificar inconsistencias entre las cantidades de explosivos declaradas por algunos operadores y las detonaciones efectivamente realizadas durante sus actividades extractivas.
Estos hallazgos llevaron a la autoridad militar a reforzar significativamente los mecanismos de control y seguimiento.
Fiscalización permanente en zonas de mayor riesgo
Como parte de las nuevas medidas, la Digemabel declaró como áreas prioritarias de vigilancia a Itá, Emboscada y San Lázaro, tres ciudades donde se concentra gran parte de la actividad canterera nacional.
En esos distritos, cada detonación deberá contar obligatoriamente con fiscalización presencial de funcionarios militares, quienes verificarán el uso correcto de los explosivos y el cumplimiento de los protocolos establecidos.
La normativa también restringe nuevas autorizaciones de compra mientras se fortalecen los mecanismos de trazabilidad destinados a conocer el recorrido completo de cada carga explosiva desde su adquisición hasta su utilización final.
Costos compartidos para mantener los controles
La implementación de este esquema extraordinario de vigilancia implica un importante despliegue operativo para la Digemabel.
Por ese motivo, la institución resolvió absorber parte de los costos derivados de las fiscalizaciones, incluyendo el desgaste de los vehículos utilizados y la compensación económica de tres de los cuatro militares asignados a cada procedimiento.
Las empresas, por su parte, deberán asumir el combustible empleado en los operativos y cubrir el servicio correspondiente a uno de los efectivos militares que acompañará cada fiscalización.
Seguridad y producción, el equilibrio que busca el Congreso
El análisis abierto en el Senado refleja la dificultad de compatibilizar dos objetivos que hoy aparecen estrechamente vinculados: impedir que explosivos legales alimenten el accionar del crimen organizado y, al mismo tiempo, garantizar que sectores productivos esenciales puedan desarrollar sus actividades dentro del marco de la legalidad.
Las próximas reuniones entre las instituciones involucradas buscarán construir un sistema que combine mayores controles, procesos administrativos más ágiles y una trazabilidad más eficiente, con la expectativa de reducir el mercado clandestino sin frenar el funcionamiento de las canteras que operan conforme a la ley.