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La mayoría colorada aprobó una declaración en la que se respalda el accionar policial durante las protestas y se condenan los supuestos "hechos de violencia" ocurridos durante las manifestaciones juveniles.
El documento aprobado por 24 votos a favor y 10 en contra fue presentado como una reafirmación del "derecho a la manifestación pacífica", aunque en los hechos se convirtió en un mensaje de apoyo al operativo policial que dejó decenas de detenidos y denuncias por abuso de autoridad. La oposición calificó la resolución como un intento de legitimar la represión estatal y de silenciar el descontento ciudadano frente a las denuncias de corrupción que involucran al gobierno.
Durante la sesión, senadores de Honor Colorado argumentaron que los manifestantes "excedieron los límites de la protesta" y justificaron el uso de la fuerza. En contrapartida, referentes del PLRA y del bloque de izquierda denunciaron la criminalización de los jóvenes y alertaron que el país retrocede hacia prácticas autoritarias. Yolanda Paredes cuestionó la falta de autocrítica del Ejecutivo, mientras Celeste Amarilla acusó al oficialismo de "convertir la fuerza pública en instrumento de miedo".
Las propuestas opositoras para interpelar al ministro Riera y al comandante policial, Carlos Benítez, fueron archivadas sin debate. Únicamente prosperó un pedido de informes sobre el operativo policial, que fue aprobado por impulso del senador Rafael Filizzola, del PDP.
En medio del malestar por las detenciones arbitrarias y las denuncias de violencia, se convocó para el lunes 13 una audiencia pública en la Cámara de Diputados. Allí se escucharán los testimonios de los jóvenes reprimidos y de sus representantes legales, en un intento de visibilizar los abusos cometidos durante la manifestación del 28 de septiembre. Mientras tanto, el Gobierno mantiene una postura de defensa cerrada hacia sus fuerzas de seguridad y evita cualquier mea culpa por los excesos cometidos.
