Senado avanza con fusión de Repatriados y Cancillería en medio de debate sobre racionalización del Estado
El proyecto de ley que plantea la fusión de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales con el Ministerio de Relaciones Exteriores dio un nuevo paso en el Congreso. La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores emitió dictamen favorable a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, argumentando que la medida permitirá optimizar recursos y evitar superposición de funciones dentro del aparato estatal.
El senador Antonio Barrios, titular de la comisión asesora, sostuvo que la propuesta no encontró objeciones dentro del bloque y explicó que la normativa apunta a integrar la estructura de Repatriados a la carrera civil de la Cancillería, aunque sin incorporarla a la carrera diplomática. Diputados ya había aprobado previamente el proyecto con modificaciones, eliminando la idea original de crear un viceministerio y reemplazándolo por un programa especializado para connacionales repatriados y refugiados.
La iniciativa forma parte del paquete de reformas administrativas promovidas por el Gobierno de Santiago Peña bajo el argumento de racionalizar el Estado y reducir estructuras consideradas redundantes. El Ejecutivo sostiene que existen organismos con funciones superpuestas y costos operativos elevados, producto —según la exposición de motivos— de años de "intervenciones legislativas no sistemáticas" que fragmentaron la administración pública.
Sin embargo, el proyecto también generó resistencia en sectores vinculados a la migración paraguaya y dentro de la propia Secretaría de Repatriados. Organizaciones como la Coordinadora de la Migración Paraguaya (Comipar) y sindicatos de funcionarios presentaron notas de rechazo y observaciones ante el Congreso, alertando sobre una posible pérdida de autonomía institucional y debilitamiento de políticas específicas para connacionales en el exterior.
El debate de fondo excede la simple reorganización administrativa. Paraguay cuenta con una importante población migrante y miles de connacionales dependen de mecanismos de asistencia consular, procesos de repatriación y programas de reinserción económica. Críticos del proyecto advierten que integrar completamente estas funciones a Cancillería podría diluir la prioridad política de una problemática históricamente sensible para numerosas familias paraguayas.
Desde el oficialismo, en cambio, aseguran que la fusión permitirá fortalecer la capacidad operativa del Estado mediante una estructura más integrada y eficiente. El texto aprobado mantiene las franquicias aduaneras para paraguayos retornados, garantiza la continuidad laboral del personal y transfiere bienes, derechos y obligaciones de la Secretaría al Ministerio de Relaciones Exteriores.
El proyecto deberá ahora seguir su trámite legislativo en el Senado, donde la discusión promete instalar nuevamente una tensión recurrente en el debate público paraguayo: hasta dónde la modernización del Estado implica eficiencia administrativa y cuándo puede traducirse en pérdida de institucionalidad especializada.