PolíticaLey
Sus defensores aseguran que la normativa abre paso a un modelo de acuicultura tecnificada, con potencial para impulsar la producción, generar empleos en zonas rurales y contribuir a la seguridad alimentaria, al emular modelos exitosos en países vecinos. También indican que la ley respeta los compromisos internacionales asumidos por Paraguay en materia ambiental, según informes oficiales.
No obstante, el proyecto suscitó fuertes críticas. Senadores de la oposición advirtieron que la aprobación podría vulnerar derechos constitucionales vinculados al medioambiente y poner en riesgo los ecosistemas acuáticos locales. La senadora Yolanda Paredes alertó sobre el potencial impacto negativo en especies nativas como surubí o pacú, y cuestionó la introducción de tilapia, una especie exótica, en las cuencas del río Paraguay y Paraná.
Desde organizaciones conservacionistas y sectores técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible se plantean dudas: aunque el proyecto promete controles ambientales, persiste la preocupación por efectos adversos sobre biodiversidad, contaminación de aguas y competencia con fauna autóctona.
La sanción de esta ley marca un giro importante en la política de acuicultura del país, pues materializa el camino legislativo que en septiembre de 2025 había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. El debate, sin embargo, se prolongará más allá de lo normativo: prepara un nuevo escenario en el cual la tilapia podrá crecer en represas y embalses paraguayos, con los riesgos y oportunidades que esto conlleva.
