Senado aprueba ley que moderniza el sistema de pagos para facilitar transacciones y proteger datos
La nueva normativa reemplazará a la Ley N.º 4595/2012, que regía los sistemas de pagos y liquidación de valores, introduciendo un marco actualizado para responder a los avances tecnológicos y la aparición de nuevos actores en el ecosistema financiero.
Uno de los principales objetivos de esta legislación es ampliar y fortalecer el rol del Banco Central del Paraguay (BCP), que ahora tendrá mayores atribuciones para regular y supervisar no solo a las entidades tradicionales, sino también a las plataformas digitales, conocidas como fintechs, y a los nuevos proveedores de servicios de pago, incluidas las aplicaciones que permiten iniciar y gestionar transacciones electrónicas.
Las modificaciones introducidas durante el estudio del proyecto afectaron principalmente al artículo 2, inciso b, y al artículo 31 del capítulo 8. Se incluyó una disposición que faculta al BCP a establecer tanto normas generales como específicas para resguardar la seguridad de la información y garantizar la protección de los datos personales de los participantes del sistema.
De acuerdo con lo señalado por la senadora oficialista Lizarella Valiente, estos cambios fueron realizados con la venia del Poder Ejecutivo, en busca de construir una normativa más robusta y alineada con las necesidades del sector financiero actual.
El nuevo marco legal busca cerrar vacíos normativos existentes, ya que la legislación anterior no contemplaba adecuadamente a los actores emergentes ni ofrecía parámetros claros para su regulación. Ahora, se establecerán definiciones precisas y criterios específicos para la operación y control de quienes ofrecen servicios de pago, con el fin de asegurar un entorno transparente, confiable y resistente al fraude.
Además, la ley promueve la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de pago, lo cual facilitará las transacciones y reducirá obstáculos que limitaban el acceso de la población a servicios financieros digitales. Esta integración también está pensada para disminuir los costos operativos y eliminar trabas que dificultaban la entrada de nuevos usuarios al sistema.
Finalmente, se contempla una reestructuración del esquema regulatorio, que evitará la superposición de funciones entre distintas instituciones del Estado, eliminando así posibles conflictos de competencias. Con esta medida, se busca garantizar una supervisión más eficiente del sistema de pagos, en beneficio de todos los ciudadanos.