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La propuesta, presentada por legisladores oficialistas, plantea modificar el artículo 8 de la Ley 609/95, derogada parcialmente por la Ley 7058/2023, que había establecido la obligatoriedad del voto nominal y público de los ministros del máximo tribunal.
De aprobarse la iniciativa, los ministros volverían a votar de forma reservada al elegir al presidente, vicepresidentes e integrantes de las distintas salas de la Corte. Esto significaría revertir la reforma introducida en 2023, cuando se eliminó el secretismo en favor de la transparencia y se impuso que todas las votaciones sean nominales y a viva voz.
Actualmente, la ley vigente obliga a realizar esas elecciones cada febrero, con una mayoría calificada de al menos cinco votos, y prohíbe la reelección consecutiva de los superintendentes de circunscripciones judiciales, salvo por períodos alternados.
El nuevo proyecto ha generado críticas tanto de legisladores de la oposición como de organizaciones civiles, que advierten que la medida sería un retroceso en materia de transparencia institucional. Desde la sociedad civil señalan que volver al voto secreto socavaría uno de los pocos avances logrados en la apertura del Poder Judicial a la ciudadanía.
Entre los senadores que manifestaron su rechazo se encuentra Rafael Filizzola, quien cuestionó las motivaciones del oficialismo al intentar modificar un esquema que, según recordó, ni siquiera fue objetado por los propios ministros de la Corte.
Pese al rechazo ciudadano, el texto cuenta con dictámenes favorables de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, y de Legislación. Todo indica que el debate en el pleno del Senado será intenso, con posiciones divididas respecto a la conveniencia de reinstalar el secretismo en una de las instituciones más sensibles del país.
