Seguridad en jaque: la violencia avanza donde el Estado no llega
Las recientes detonaciones con explosivos y disparos en zonas rurales de Canindeyú obligaron a que el ministro de Defensa, Óscar González, salga a hablar con firmeza sobre la situación de inseguridad en el norte del país. Más allá de atribuir directamente los hechos a un grupo específico, el titular de la cartera castrense trazó un diagnóstico amplio de la amenaza y detalló, con insistencia, las acciones que el Estado lleva a cabo para enfrentarla, en el contexto de una seguridad nacional que, según su propio análisis, enfrenta desafíos graves y complejos.
Desde los ataques registrados en la colonia Marina Cue y la zona de Campos Morombí, donde explosivos colocados en caminos rurales y disparos desde el monte dejaron en evidencia una violencia organizada, el ministro ha señalado que existen "elementos serios e indicios fuertes" que apuntan a la intervención de estructuras con experiencia operativa similar a las ya conocidas en episodios anteriores. Aunque no afirmó categóricamente que los hechos hayan sido perpetrados por el Ejército del Pueblo Paraguayo, remarcó que las evidencias recop iladas están siendo analizadas y que existe una "convergencia de parámetros" con hechos previos registrados en la región.
En contacto con El Nacional, González explicó que la investigación se nutre del trabajo conjunto de distintas instancias: unidades de Criminalística, Batallón de Inteligencia Militar, Antisecuestro y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). Esta articulación, afirmó, busca no solo aclarar responsabilidades, sino también fortalecer la respuesta ante patrones de violencia que incluyen el uso de explosivos y la cobertura del terreno por parte de quienes atacan.
El ministro retomó varias veces la frase "indicadores de alto calibre" para marcar la seriedad con que el Gobierno valora la posibilidad de reconfiguración de grupos armados en el norte. Dijo que el análisis de patrones y métodos tiene valor estratégico para anticipar riesgos, y que no basta con reaccionar ante cada ataque aislado, sino que es necesario diseñar estrategias de inteligencia preventiva y acción coordinada entre fuerzas nacionales.
Más allá del caso puntual de explosivos y emboscadas, González amplió el análisis hacia la seguridad nacional en su conjunto. Señaló que Paraguay enfrenta amenazas diversas, que van desde organizaciones criminales tradicionales asociadas al tráfico de drogas hasta redes que se aprovechan de la porosidad de la frontera con Brasil y Brasil para operar con relativa libertad. En ese plano, subrayó que las Fuerzas Armadas y la Policía "no se limitan a una sola amenaza", sino que trabajan en múltiples frentes para combatir el crimen organizado que golpea tanto en áreas rurales como urbanas.
Un punto que el ministro destacó fue la cooperación internacional. González hizo referencia a una nueva etapa en la relación de cooperación entre Paraguay y Estados Unidos, centrada en materia de seguridad y lucha contra crimen organizado, narcotráfico y lavado de activos. Aunque no entró en detalles técnicos, indicó que ese acuerdo permitirá "claridad y precisión" en acciones conjuntas, intercambio de información y apoyo logístico, lo que, según él, fortalecerá la capacidad estatal para anticipar y neutralizar amenazas antes de que se traduzcan en hechos violentos.
La percepción de que el norte del país es un área de especial atención no es nueva. En octubre de 2025 el ministro ya había resaltado la necesidad de reforzar la presencia en la frontera seca con Brasil para evitar el ingreso de criminales y disuadir operaciones ilegales que pudieran comprometer la seguridad interior del país. En aquella oportunidad subrayó que la coordinación con la Policía Nacional y la implementación de patrullajes terrestres y aéreos eran prioritarios para contener la migración de facciones criminales hacia el interior.
En su evaluación, González admitió que la respuesta estatal frente a episodios de violencia organizada no siempre se percibe como inmediata por la población afectada, especialmente en zonas rurales. "Estamos haciendo el trabajo de inteligencia y operativo que corresponde", declaró, al pedir a la ciudadanía "tiempo y paciencia" para que los resultados se materialicen. Hizo hincapié en que los operativos de reconocimiento y rastreo requieren planificación y seguridad para los efectivos desplegados, y que apresurar las acciones podría poner en riesgo vidas humanas y el éxito de las misiones.
González también señaló que las operaciones no se limitan a un solo frente, ya que en distintos departamentos del país las fuerzas enfrentan amenazas de microtráfico, robos violentos y ajustes de cuentas entre bandas criminales que, si bien no tienen la misma escala que los embates en el norte, representan un desafío continuo para garantizar seguridad a la ciudadanía.
Aunque el ministro no dio fechas específicas ni cifras cerradas sobre los resultados obtenidos en las últimas semanas, su relato fue claro en destacar que la estrategia apunta a no "perder el foco" en ningún frente: inteligencia territorial para anticipar movimientos, refuerzo de presencia en áreas estratégicas, cooperación internacional con aliados y coordinación interinstitucional entre Defensa, Policía y Fiscalía para cerrar caminos a la impunidad.
Al finalizar sus declaraciones, González insistió en que la lucha contra la violencia organizada es un esfuerzo de largo plazo y que requiere no solo capacidad operativa, sino también cohesión institucional y apoyo de la sociedad. Sus palabras buscan transmitir tranquilidad, pero también recalcar que los desafíos son múltiples y que la seguridad nacional, tal como él la definió, está siendo revisada y fortalecida ante una realidad que muestra síntomas de reconfiguración de amenazas históricas y nuevas rutas de criminalidad.
