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La seguidilla de atentados con explosivos y disparos en establecimientos rurales de Canindeyú volvió a tensar la frontera interna de la seguridad y empujó al ministro del Interior Enrique Riera a hablar de una posible reactivación del EPP, aunque la investigación todavía camina entre dos líneas que se cruzan: la pista de "sintierras armados" que buscan presionar y recaudar dinero, y la sospecha de una logística más sofisticada, con vínculos funcionales con estructuras del crimen organizado.
En el norte, el miedo volvió con la forma más concreta que puede tomar: una detonación a pocos metros de un vehículo, un camino rural convertido en zona de riesgo y la certeza de que los ataques se repiten, como si los responsables quisieran probar hasta dónde llega la capacidad del Estado para contenerlos. En Canindeyú, los últimos días dejaron una "película" completa de hechos encadenados, con epicentro en Yasy Kañy y un segundo escenario en Marina Cue, dentro de la Reserva Privada Campos Morombí, en un punto que conecta Canindeyú con Caaguazú.
Yasy Kañy, el epicentro de una serie que no se cortó
La secuencia comenzó a tomar volumen público tras un ataque con explosivo dentro de la estancia Biogranos, en la zona de Yasy Kañy. El artefacto detonó cerca del vehículo utilizado por el administrador del establecimiento, en un ataque que no buscó un enfrentamiento directo sino instalar una amenaza. En el lugar se levantaron indicios y se describieron daños compatibles con una carga colocada de forma intencional, con presencia de restos metálicos y señales de una explosión dirigida.
Con el correr de las horas se confirmó un dato clave para dimensionar el caso: no era un episodio aislado. Ese atentado fue señalado como el octavo ataque sufrido por el mismo establecimiento. Ocho. El número, más que una estadística, describe una persistencia: hay un blanco definido, hay repetición y hay un mensaje de hostigamiento sostenido. La repetición también cambia el análisis: un hecho puede ser oportunista, pero una serie suele responder a una estrategia.
El modo de operar y el tipo de carga que se investiga
En la reconstrucción de campo se incorporó un detalle técnico que elevó la preocupación: se manejó el uso de un explosivo del tipo "dinamita en gel" y se habló de una potencia relativamente baja, suficiente para intimidar y generar daño sin necesariamente buscar una masacre. Ese matiz no reduce la gravedad; al contrario, sugiere cálculo. En este tipo de escenarios, la intención puede ser doble: castigar y advertir, sin dejar un resultado que dispare reacciones imprevisibles.
Veinticuatro horas después del episodio en Yasy Kañy, la violencia saltó a otro punto sensible. En la Reserva Privada Campos Morombí, en el sector de Marina Cue, se registró un atentado contra un ciudadano brasileño identificado como Caio Sobreira Lima, de 37 años. El ataque ocurrió en un camino rural, alrededor de las 10:20, mientras se desplazaba en una camioneta Chevrolet S10 negra.
La reconstrucción del hecho incluyó dos momentos. Primero, una detonación al paso del vehículo. Luego, disparos realizados desde una zona boscosa, con impactos reportados en partes de la camioneta. El objetivo aparente fue frenar, cercar o forzar una reacción, en un sitio donde la geografía favorece el repliegue de los atacantes y complica una respuesta inmediata.
El hallazgo de un segundo artefacto y las distancias que hablan
Tras el atentado, el rastrillaje sumó un elemento que reforzó la idea de planificación. Se informó el hallazgo de otro artefacto explosivo en el área, ubicado a unos 400 metros del lugar del ataque, que no llegó a detonar. Ese dato introdujo una pregunta inquietante: si era un "respaldo" para una segunda explosión, una trampa para quien acudiera al sitio o parte de un recorrido de hostigamiento.
Más tarde, en el mismo sector de Marina Cue, se confirmó la desactivación de un segundo explosivo, hallado a unos 40 metros del artefacto que había detonado previamente. La presencia de artefactos adicionales, a distancia corta, consolidó la lectura de un escenario preparado para causar temor prolongado y sostener la presión incluso después del primer estallido.
La reacción institucional y una reunión clave en Curuguaty
Con los episodios enlazados, las fuerzas de seguridad activaron un enfoque de comparación técnica: revisar si los elementos recogidos en Yasy Kañy y en Marina Cue provienen del mismo tipo de explosivo, si comparten armado, materiales o patrón. En paralelo, se anunció la realización de una reunión operativa en Curuguaty para coordinar la respuesta ante estos eventos donde se utilizaron explosivos, en medio de una escalada que ya no se podía tratar como hechos dispersos.
Riera y el giro del discurso: de los "sintierras armados" a la sombra del EPP
En ese contexto, el ministro del Interior Enrique Riera habló con un tono que reflejó la gravedad del momento. Señaló como responsables a "campesinos invasores armados" que, según la línea oficial inicial, hostigan al propietario con un interés claro de presionar y recaudar dinero. En su exposición, vinculó ese esquema al entorno de Rubén Villalba, actualmente detenido, y mencionó a tres personas con orden de captura como parte del liderazgo del grupo que opera en el terreno: Rubén Coronel Velázquez, Aldo Florentín Solís Duarte y César Pavón Portillo.
Pero el punto más delicado llegó cuando Riera sostuvo que el uso de explosivos y armas de grueso calibre no encaja con la dinámica de una banda común. Ahí introdujo la hipótesis que terminó dominando el debate: que pueden existir vínculos con estructuras criminales mayores, mencionando como posibilidades al EPP o al clan narco atribuido a "Macho". No lo planteó como una afirmación cerrada de pertenencia orgánica, sino como una relación funcional: gente que no necesariamente "es" EPP, pero que podría operar con asesoramiento, logística o conexiones que explican el salto en capacidad operativa.
La parte más sensible de sus declaraciones fue la advertencia sobre alianzas en el territorio. Según lo planteado por Interior, el escenario que preocupa es el de una mezcla peligrosa: restos o remanentes de estructuras armadas, narcotráfico con capacidad financiera y grupos locales armados que conocen el terreno y el conflicto por la tierra. En ese marco también se mencionó la posibilidad de presión o adoctrinamiento forzado sobre comunidades indígenas, un elemento que, de confirmarse, ampliaría el impacto social y el tipo de control buscado.
La duda instalada: por qué no hay certeza plena sobre el EPP
A la par de las advertencias, se instaló una cautela que no es menor: no se presentó una confirmación absoluta de que el EPP esté detrás de los atentados. Esa duda tiene fundamentos concretos. No hubo una reivindicación pública clara en estos hechos. La investigación técnica y la hipótesis operativa también apuntan a "sintierras armados" como ejecutores directos del hostigamiento, con un móvil ligado a presión y recaudación. Y el propio planteamiento oficial dejó una puerta abierta al hablar de vínculos y similitudes logísticas, más que de una autoría indiscutible.
En otras palabras, el Estado mira al EPP por el tipo de metodología y el historial, pero al mismo tiempo persigue nombres y estructuras locales por la forma en que se desarrolla el conflicto en el terreno. Esa doble vía explica el clima de incertidumbre: si se confirma una reactivación real del EPP, el país entra en un ciclo de amenaza con marca histórica; si se confirma que son bandas locales con apoyo narco o asesoramiento externo, el desafío cambia de nombre pero no de gravedad, porque implica crimen organizado sofisticado con capacidad de sembrar terror y controlar zonas.
Lo que dejaron los últimos días en Canindeyú es una secuencia que se entiende sola: Yasy Kañy con una estancia atacada una y otra vez, Marina Cue con explosivos y disparos en un camino rural, artefactos adicionales hallados a decenas y cientos de metros, y un Gobierno que oscila entre dos diagnósticos que pueden convivir en la realidad: grupos locales armados y una logística que sugiere algo más grande detrás.
Mientras los peritajes intentan unir piezas, la población rural ya vive la consecuencia inmediata. El terror no necesita firma para funcionar. Basta con repetir el golpe, elegir bien el lugar y dejar claro que se puede volver. En Canindeyú, hoy la discusión no es solo quién está detrás, sino cuánto tiempo más la zona seguirá respirando con miedo antes de que la investigación cierre la historia con certezas.
