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La iniciativa apunta a cubrir un vacío normativo que, según se advirtió durante el debate, permitió durante años la proliferación de blindajes sin control uniforme, muchos de ellos de fabricación artesanal y sin respaldo técnico, lo que genera riesgos concretos para la vida de las personas.
El proyecto define criterios obligatorios para la fabricación, instalación y verificación de los sistemas de protección utilizados en vehículos destinados a fuerzas de seguridad, transporte de valores y personas expuestas a situaciones de alto riesgo. En ese marco, se adoptan estándares internacionales ampliamente reconocidos, como los del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos, la Asociación Alemana de Acreditación de Vehículos de Protección y normativas europeas que clasifican los niveles de resistencia frente a distintos tipos de ataques.
Durante el tratamiento, se subrayó que la ausencia de controles claros no solo pone en peligro a los usuarios, sino que también debilita la operatividad de instituciones que dependen de este tipo de equipamiento y genera distorsiones en el mercado por la competencia desleal entre empresas.
La normativa establece que el Ministerio del Interior será la autoridad encargada de aplicar la ley, con facultades para crear un registro nacional de vehículos blindados, supervisar a las empresas instaladoras y fiscalizar el cumplimiento de las exigencias técnicas. Además, se dispone que todo vehículo con blindaje deberá contar con certificación emitida por laboratorios acreditados que respalden su nivel de protección.
El texto también incluye una prohibición expresa para la fabricación, comercialización o utilización de blindajes que no cuenten con la debida habilitación, en un intento por erradicar prácticas informales que actualmente operan sin control.
En cuanto a las sanciones, se contemplan multas económicas, clausura de talleres, revocación de licencias, incautación de vehículos e incluso la cancelación de registros, sin descartar responsabilidades penales o civiles en casos de incumplimiento.
Otro de los puntos relevantes es la previsión de asignación de recursos para implementar la ley en zonas consideradas de mayor riesgo, especialmente en áreas fronterizas, donde la demanda de este tipo de protección es más alta. El esquema de financiamiento también abre la posibilidad de incorporar aportes provenientes de cooperación internacional.
Tras su aprobación en Diputados, el proyecto fue remitido al Senado para continuar con su trámite legislativo, en medio de un contexto en el que crece la preocupación por mejorar los estándares de seguridad en sectores expuestos a altos niveles de violencia.
