Lo que ocurre en el norte del país compromete dos aspectos cruciales de la existencia de un país: la soberanía y la seguridad de su territorio. Desde hace años el pueblo paraguayo viene soportando el flagelo de las mafias y el terrorismo, que no solo ponen en peligro permanente la vida de los ciudadanos, sino también las actividades productivas y el normal desenvolvimiento de las funciones en los diversos ámbitos, tanto públicos como privados.
La situación de inseguridad es endémica en las zonas de frontera. Estas regiones que, dada su naturaleza, deberían estar especialmente protegidas por políticas de Estado acertadas y rigurosas, son tierra de nadie donde impera el crimen organizado. Ajustes de cuentas, secuestros, libre circulación de sicarios que dejan un tendal de muerte a su paso, son imágenes recurrentes en un país cuyas autoridades han perdido el control, a punto tal que el ministro del Interior ya anunció que se va a pedir la colaboración de estados cooperantes para combatir el delito.
¿Cómo hemos llegado a esto? La historia tiene ya varias décadas. A pesar del tiempo transcurrido, no hemos visto ninguna estrategia inteligente para afrontar debidamente la situación. Tenemos el ejemplo de Colombia, donde llevó más de medio siglo la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y aún continúa. ¿Queremos este destino para nuestro país?
Se ha hablado mucho de la incompetencia de la Fuerza de Tarea Conjunta frente al EPP. Pero lo que no se dice es que el esquema bajo el cual trabaja este cuerpo es ineficiente ni que los grupos mafiosos han inficionado el tejido social y están presentes hasta en instancias de gobierno. ¿Es suficiente el presupuesto destinado a fortalecer la presencia del Estado en esas zonas altamente peligrosas? Es necesario un análisis exhaustivo y profundo de la situación, un estudio hecho por especialistas en la materia -nacionales y/o internacionales- que pongan sobre la mesa todos los aspectos implicados en esta compleja trama: la cuestión militar, la económica, la política, la institucional. Lo acontecido en los últimos tiempos evidencia no solo inacción de parte del Estado, sino falta de visión aguda y a la vez global del fenómeno, que está muy lejos de reducirse al choque armado o a la violencia puntual del secuestro, el asalto y el asesinato.
Lo que ocurre en el norte es demasiado grave como para ser atendido de manera segmentada y con medidas paliativas. Y si es necesario repensarlo todo, habrá que hacerlo. Están en juego la vida y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en documentos internacionales de los cuales el Paraguay es signatario. La situación compromete a todos los poderes del Estado. La República no puede vivir en estado de indefensión.
D.D.W-S
