Según la ONU, Estados Unidos está utilizando sanciones para imponer su jurisdicción a personas en el extranjero, lo que puede constituir violaciones de los derechos humanos, incluida la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, la libertad de circulación y el derecho a la propiedad.
"Estados Unidos lleva años imponiendo sanciones a personas y entidades sin jurisdicción penal nacional y en ausencia de jurisdicción universal", declara Alena Douhan, la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.
"Se trata de una clara violación del derecho a las garantías procesales, incluida la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo", afirma Alena Douhan, subrayando que estos derechos están garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ha ratificado y debe aplicar plenamente.
"Las sanciones se dirigen contra individuos en el extranjero por presuntas actividades fuera de Estados Unidos, incluidas actividades que son legales donde ocurren", añade Douhan, que también señala que las sanciones secundarias ocurren cuando estas se dirigen contra personas y empresas extranjeras por su presunta interacción con las partes penalizadas o por evadir los regímenes de sanciones.
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Libertad de circulación y de propiedad
La relatora especial observó además que las sanciones estadounidenses suelen prohibir la entrada a Estados Unidos y congelar cualquier activo con conexión estadounidense, violando así los derechos a la libertad de circulación y a no ser privado arbitrariamente de la propiedad.
"El temor a las sanciones estadounidenses ha llevado a muchas empresas e instituciones financieras extranjeras a cumplirlas en exceso para reducir sus riesgos. Esto no hace sino empeorar el impacto de las sanciones sobre los derechos humanos", afirma la experta.
Douhan explica que los derechos humanos se vulneran cuando las prohibiciones comerciales de Estados Unidos contra determinados países penalizan a las empresas extranjeras por hacer negocios.
"Estas políticas afectan a los derechos laborales, a la libertad de circulación y a los derechos de las personas que pueden estar asociadas a estas empresas", ha asegurado, citando como ejemplo el daño causado a los individuos que dependen de los bienes o servicios de ciertas compañías, entre ellos, medicamentos y equipos médicos.
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Incompatibilidad con las normas internacionales
La experta cuestiona la compatibilidad de este tipo de imposición de jurisdicción extraterritorial con las normas internacionales de derechos humanos, e invitó a las partes interesadas a reflexionar sobre su significado en relación con el principio internacional de no injerencia en los asuntos internos.
*Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de DD. HH. de la ONU. Se trata de unos mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
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Sanciones en Paraguay
Con relación al caso en nuestro país, Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, designó el año pasado al expresidente Horacio Cartes y actual vicepresidente Hugo Velázquez, como “significativamente corruptos”.
En enero de este año, el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, informó sobre las sanciones impuestas desde la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de su país, al expresidente Horacio Cartes, y al actual vicepresidente, Hugo Velázquez, "por su participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay".
La OFAC también designó a las empresas Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. y Frigorifico Chajha S.A.E., por ser propiedad o estar bajo el control de Cartes.
Según el embajador norteamericano, el expresidente Cartes incurrió en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato
como presidente de Paraguay.
"Cartes pagó a los miembros del partido hasta $10,000 cada uno para apoyar su candidatura antes de las elecciones de 2013. Mientras era presidente de Paraguay, Cartes continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo. Mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales; los pagos oscilaron entre US$ 5,000 y US$ 50,000 por cada miembro. Cartes aseguró la efectividad de este esquema cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes", detalló.
Igualmente indicó que en el 2017, Cartes prometió un millón de dólares de su propio patrimonio para comprar los votos de los legisladores para apoyar su impulso infructuoso de reforma constitucional que le permitiera postularse para un segundo mandato en el 2018. Cartes siguió influyendo en las actividades legislativas después de dejar el cargo sobornando a los legisladores para dirigir los votos en su interés y apuntando a los opositores políticos, con los principales partidarios recibiendo hasta US$ 50,000 mensuales.
En cuanto a Velázquez, el embajador expresó que el mismo también se ha involucrado en prácticas para interferir en procesos legales y protegerse a sí mismo y a sus socios criminales de investigaciones criminales, incluso sobornando y amenazando a quienes podrían exponer su actividad delictiva.
"Tanto Cartes como Velázquez tienen vínculos con miembros de Hizballah, una entidad designada por el Departamento de Estado de los EE. UU. como Organización Terrorista Extranjera y objetivo de múltiples designaciones de la OFAC. Hezbolá ha realizado regularmente eventos privados en Paraguay donde los políticos hacían acuerdos por favores, vendían contratos estatales y discutían los esfuerzos de aplicación de la ley a cambio de sobornos. Representantes de Cartes y de Velázquez han cobrado sobornos en estas reuniones", expresó Ostfield.
