Revelan que "Mafia de pagarés" movió USD 213 millones en embargos judiciales
El senador Rafael Filizzola, al frente de la Comisión Especial de Investigación de la Mafia de los Pagarés, presentó los avances del informe técnico ante el pleno del Congreso en Asunción.
El informe revela que seis juzgados concentran cerca del 83 % de esos embargos, lo cual genera mayores sospechas sobre el volumen que manejan. Según los investigadores, tales datos apuntan a un uso irregular del sistema judicial, en el que se detectaron expedientes sin respaldo físico o digital, documentos falsificados, cédulas adulteradas y notificaciones a víctimas sin su consentimiento. Además, se identificó la modalidad denominada "préstamo por embargo", mediante la cual personas firmaban como si recibieran un crédito, pero terminaban obligadas a pagar cifras muy superiores.
Se presentaron tres casos emblemáticos: el primero involucra a un hombre con discapacidad auditiva y analfabetismo, embargado por ₲127 millones (unos USD 17.000), cuya situación fue revertida parcialmente gracias a la intervención de la Comisión. También se mencionó el caso de una docente afectada por múltiples órdenes de embargo ficticias promovidas por la misma empresa, que la dejó con una obligación de ₲33,6 millones (unos USD 4.500) por un supuesto préstamo de ₲16 millones (USD 2.100). El tercer episodio afecta a docentes indígenas de Avaí, demandados por pagarés que habrían sido firmados un sábado en Asunción, a más de 300 kilómetros de su comunidad, con embargos emitidos días después.
La Comisión ya logró la anulación de pagarés dictados de modo indebido, la liberación de embargos ilegítimos y el reconocimiento de pagos realizados por las víctimas. En el plano legislativo, Filizzola informó que el Congreso aprobó recientemente una ley que limita los descuentos salariales, aún pendiente de promulgación, y que el Senado otorgó media sanción a dos proyectos: uno para crear nuevos juzgados y otro destinado al saneamiento de juicios ejecutivos.
Asimismo, destacó la nueva normativa del Banco Central del Paraguay, que busca garantizar mayor transparencia en los descuentos efectuados por el sistema financiero. El desafío ahora es que estas medidas se traduzcan en resultados concretos y en un sistema judicial más transparente y confiable para los ciudadanos.