PolíticaChoferes presionan
El debate se desarrolla en medio de un fuerte clima de tensión, ya que los trabajadores del transporte confirmaron una huelga de 48 horas para los días 16 y 17 de diciembre. Los sindicatos sostienen que la reforma es necesaria, pero rechazan de plano tres disposiciones que, según afirman, ponen en riesgo la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo. Además, anticiparon que no participarán de mesas tripartitas y que únicamente dialogarán directamente con el jefe de Estado.
En la antesala del tratamiento en el Senado, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, junto con el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, acudieron a las comisiones legislativas para exponer la postura del Ejecutivo sobre los cambios introducidos por Diputados. Desde el Gobierno dejaron en claro que no existen objeciones a las modificaciones realizadas y que el proyecto puede avanzar sin mayores reparos.
Como resultado de esa reunión, las comisiones emitieron dos dictámenes: uno que recomienda sancionar la versión aprobada por Diputados y otro que propone insistir con el texto original del Senado. Sin embargo, al tratarse de una ley que ya vuelve de la Cámara Baja, el Senado solo puede aprobar o rechazar, sin margen para introducir nuevos cambios.
Entre las principales modificaciones incorporadas por los diputados figura la fijación de un plazo mínimo de siete años para las concesiones del transporte, la obligación de pagar los subsidios cada quince días y el mantenimiento del cobro de tasas municipales a las empresas operadoras. También se resolvió que las comunas tengan participación dentro del Comité de Movilidad Sostenible.
Otro punto relevante es la protección laboral ante eventuales fusiones empresariales, ya que se estableció la obligación de absorber a los trabajadores en caso de cambios societarios. Al mismo tiempo, se eliminaron las evaluaciones que originalmente estaban previstas para los choferes ante procesos de integración de compañías.
El proceso de reforma contempla además una inversión estimada de 300 millones de dólares para la adquisición de mil buses, uno de los puntos más ambiciosos del plan de modernización del sistema. Pese a ello, el malestar del sector persiste y los gremios aseguran que el nivel de adhesión a la huelga alcanzaría el 80 por ciento.
En paralelo, el viceministro de Transporte minimizó el impacto de las deudas del Estado con las empresas del rubro, luego de que estas advirtieran que las demoras en los subsidios ponen en riesgo el pago de aguinaldos. Fernández sostuvo que el Gobierno se encuentra procesando el pago correspondiente al mes de octubre, con un leve retraso administrativo, y que el desembolso de noviembre depende actualmente del Ministerio de Economía y Finanzas.
La decisión que adopte el Senado en esta jornada será determinante no solo para el futuro del sistema de transporte público, sino también para definir si el país ingresa en un escenario de fuerte conflictividad social en plena recta final del año.
