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El estudio está previsto para la sesión del martes 18, en medio de un ambiente de tensión y desconfianza por los alcances de la iniciativa.
La propuesta había quedado en suspenso luego de que los choferes anunciaran un paro general al considerar que el texto vulneraba derechos laborales básicos. Sin embargo, la mesa directiva decidió reactivar su tratamiento e incorporarlo al orden del día. Se espera que el dictamen de la Comisión de Legislación recién sea emitido en la víspera de la sesión, lo que aumenta la incertidumbre sobre cuáles serán los ajustes que se propondrán.
Desde la única audiencia pública realizada el 2 de octubre no volvieron a convocarse espacios de debate. Las críticas abarcan prácticamente todos los frentes: los choferes sostienen que la normativa abre la puerta a la pérdida de estabilidad, especialmente por disposiciones que permitirían a las nuevas empresas absorber a otras sin garantizar la continuidad laboral ni el reconocimiento de la antigüedad. También cuestionan la eventual redefinición del transporte público como "servicio indispensable", lo que implicaría limitar medidas de fuerza como los paros totales.
Por su parte, los gremios transportistas mantienen posiciones divididas, mientras que los usuarios reclaman que la discusión se centre en la calidad del servicio, que consideran estancada desde hace años. Otro punto conflictivo es la intención del Gobierno de ampliar los plazos de concesión de itinerarios a periodos de entre 15 y 20 años, con el argumento de atraer inversiones al sector.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, vuelve a posicionarse en el centro de la tensión política en Diputados, donde la mayoría oficialista pretende avanzar con rapidez pese a la falta de consenso y de documentos técnicos que acompañen la discusión. El martes será determinante para conocer si se impone un tratamiento acelerado o si las objeciones obligarán a postergar nuevamente el debate.
