La aplanadora colorada de la Cámara de Diputados aprobó de manera discreta un proyecto que busca reducir plazos procesales alegando una alta mora en el sistema judicial. Opositores y expertos en derecho, como la diputada Rocío Vallejo, advierten que esta ley resulta inapropiada en términos legales porque se darán por extinguidas muchas causa y se prestará a blanqueos masivos. Señala que se va a generar impunidad, refiriéndose también a emblemáticas investigaciones contra la corrupción en el Estado.
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley “Que modifica los artículos 6°, 136 y 305 de la Ley 1286/98, Código Procesal Penal”, documento que fue presentado con la intención de restablecer plazos razonables en los procesos penales y evitar "dilaciones injustificadas".
A criterio de la oposición, este proyecto busca reducir el tiempo legal hoy permitido para el avance de las investigaciones, por ejemplo, en contra de autoridades sospechadas de actos de corrupción y así lograr la impunidad de estos.
“Yo espero que el tiempo que se tarde en volver a tratar esto, haga reflexionar a los colegas sobre lo inapropiado que es esto, pues se puede prestar a blanqueos masivos y dar por extinguidas muchas causas”, expresó Vallejo, en un breve contacto que mantuvo con El Nacional.
Indicó que, personalmente, respeta a su colega proyectista, pero manifestó que ella no será cómplice de una ley que pueda generar impunidad.
https://elnacional.com.py/politica/2024/10/08/colorados-aprueban-reducir-plazos-procesales-y-asi-garantizar-la-impunidad/
¿Qué dice la Ley?
Según la versión oficial, esta propuesta legislativa tiene por objeto introducir modificaciones a la normativa jurídica, específicamente, a los artículos que regulan la “inviolabilidad de la defensa”, la “duración máxima del procedimiento” y la “desestimación”.
En esencia, plantea reducir el plazo máximo de duración de los procesos penales de acción pública a 3 años, contados desde el primer acto procesal. Para los casos de acción penal privada, el plazo máximo sería de 1 año y 6 meses.
Según los argumentos, la extensión actual de los plazos a 4 años, sumada a las suspensiones automáticas por incidentes o recursos, ha permitido una "morosidad institucional" que atenta contra los derechos procesales de los imputados y acusados.
¿A quién beneficiaría la ley?
Vallejo también señaló que la ley beneficiaría a personas cercanas al cartismo, como Horacio Cartes, quien enfrenta múltiples causas judiciales.
La legisladora alertó que, de aprobarse, la ley podría aplicarse retroactivamente, beneficiando incluso a imputados en casos como el del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia.
